La carta llegó esta semana y viene del Defensor del Pueblo. Hasta allí llegó la denuncia de Honorio Galindo, presidente de Turcón-Ecologistas en Acción, al que la burocracia y los continuos reparos del Colegio Oficial de Abogados y la Comisión de Justicia de Canarias ya le sonaban a “obstruccionismo”.
Así, la carta recibida viene a decir que “se participa que se ha recibido de la Secretaría de Estado de Justicia la información solicitada.
Según se informa, “El criterio del Ministerio de Justicia por lo que respecta a la Justicia Gratuita y las organizaciones medioambientales, como no podría ser de otro modo, es el que a día de hoy se contiene en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para todos los peticionarios de la misma; así se refleja en la Ley 1/1996, de 10 de enero, tanto en lo que respecta al ámbito objetivo como subjetivo de su aplicación a los eventuales beneficiarios; y por otra parte en de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación publica y de acceso ala justicia en materia de medía ambiente”.
Prosigue la carta diciendo el “este Ministerio se ve vinculado tanto a las mencionadas leyes, con el deber de darles cumplimiento, con sujeción además al mandato presupuestario y sin perjuicio de la asignación de recursos que correspondan a los colegios de abogados y procuradores delos tribunales”.
El asunto llegó al Defensor del Pueblo hace unos meses porque Honorio Galindo en su lucha por defender la naturaleza y conseguir la información que las administración pública deniegan en el ámbito administrativo, en muchas ocasiones se ve obligado a ir a los tribunales para conseguir los expedientes que afectan a la naturaleza y medio ambiente. Por eso pide continuamente abogados del turno de oficio (gratuito amparándose en la legislación mencionada).