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Nos dijeron que la Ley iba a hacer que el territorio contribuyese decisivamente a cambiar el modelo económico del archipiélago, iba a sacarnos de la crisis económica. Hace más de un año que, el 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley del Suelo, y la revolución no ha llegado. ¿Dónde están las inversiones millonarias paralizadas por las leyes anteriores que esgrimían, indignados, los empresarios? ¿Dónde quedó la asombrosa velocidad que se iba a imprimir a los procedimientos administrativos, una vez talada la jungla legal y dinamitada la malvada burocracia? ¿Dónde están los miles de nuevos agricultores atraídos por las asombrosas rentas complementarias, por los muros que ya les dejan reparar, por las fincas que antes no les permitían cultivar?
Más de un año después, algunos siguen teniendo las mismas ganas que siempre han tenido de dar ese pelotazo inmobiliario que ahora parece más fácil. Siguen pensando que, gracias a sus buenas relaciones públicas, podrán hacer lo que no se debe donde no se puede, proyectos impensables en sitios imposibles; pero no están seguros, jurídicamente: el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Islas Verdes consiguió que el Tribunal anulase la declaración de interés insular de un montón de proyectos en La Palma, y el recurso presentado contra la propia Ley del Suelo fue admitido a trámite y está pendiente de sentencia.
Además, más de un año después, las administraciones, y en especial los municipios siguen sin tener personal para abordar las tareas y responsabilidades que cargan sobre sus espaldas. Continúa sin saberse qué parte de los planes actuales sigue vigente y qué parte fue derogada por ser contraria a las disposiciones de la Ley. Cabildos hay, como los de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que siguen tramitando planes insulares, añadiendo un mayor grado de inseguridad.
El Gobierno de Canarias está preocupado porque es consciente que no termina de arrancar su apuesta legislativa por antonomasia, la estrella de la legislatura. Pero frente a la realidad, solo opone palabras y más palabras, una publicidad institucional continua, a través de todos los medios de comunicación posibles, cueste lo que cueste.
Pero la Ley ha tenido ya efectos territoriales y sociales, aunque no haya conseguido todavía materializar sus peores propósitos contra la sostenibilidad del territorio en Canarias. En primer lugar, la falta de participación ciudadana que caracterizó a la elaboración de la Ley del Suelo continúa estando presente en la tramitación de sus reglamentos, que se sacaron a información juntos, en un paquete de cuatro imposible de analizar con rigor y con un plazo perentorio de participación que el Gobierno se negó a ampliar, igual que hizo con la Ley.
Esta desconsideración a la participación ciudadana parece haber sido inoculada a la mayoría de las administraciones que han comenzado, lentamente, a poner en marcha medidas organizativas internas exigidas por la Ley. Así, para la constitución de las comisiones de evaluación ambiental, cabildos y ayuntamientos se han negado a integrar en ellas a representantes técnicos cualificados de organizaciones ambientales y ciudadanas, como se les solicitó, aunque fuera solo con voz, sin derecho a voto. La única excepción ha sido el Cabildo de Fuerteventura, aunque limitada a incluir a un representante de un colegio profesional.
La teoría y la práctica de la Ley también parecen haber reforzado, junto con la falta de consideración a la ciudadanía, la osadía de administraciones y agentes económicos a la hora de plantear decisiones y exigencias territoriales como la necesidad de revisión del Plan Especial de El Rincón de La Orotava después de haberlo tenido congelado e inaplicado durante 21 años, desde que se aprobó; la inclusión en el Plan Insular de Fuerteventura de un incremento de 30.000 camas turísticas; la construcción de un bloque de viviendas dentro de un sistema general de espacios libres en Las Palmas o la financiación pública de infraestructuras millonarias que correspondía realizar a promotores privados.
Por otra parte, continúa tan activa como desde hace años, y aumentada por la proximidad de la cita electoral, la política de grandes infraestructuras públicas innecesarias e insostenibles, como el macromuelle de Agaete y los trenes y nuevas pistas de aeropuertos en Tenerife y Gran Canaria. En contraste con esta actividad promotora y constructora, las administraciones permanecen pasivas frente a graves problemas territoriales y sociales, como la multiplicación de viviendas vacacionales, que ha provocado el alza de alquileres y expulsión de inquilinos en zonas urbanas, sin que Comunidad autónoma, Cabildos y Ayuntamientos hayan arbitrado medidas para frenarla y ni siquiera hayan aplicado su propio planeamiento cuando contiene determinaciones que impiden el alojamiento turístico en la forma en que se está produciendo.
Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, el desarrollismo, la falta de participación ciudadana efectiva, la complicidad con agentes económicos, las indecisiones e inactividades continúan generando en el archipiélago conflictos sociales relacionados con el territorio.
En la Plataforma  Canarias Territorio Sostenible estamos convencidos de que seguimos teniendo razón en nuestra oposición a la Ley del Suelo y que la incapacidad demostrada para ponerla en marcha nos da la oportunidad de conseguir que nuestro territorio sea utilizado de manera realmente sostenible, de forma que lo conservemos, lo mejoremos y puedan también usarlo las generaciones futuras de canarios. Esta oportunidad podrá convertirse en definitiva si de las próximas elecciones autonómicas sale una mayoría parlamentaria que asuma la necesidad de derogar la Ley del Suelo.
Mientras tanto, desde la Plataforma seguiremos con atención las actuaciones territoriales que pretendan desarrollar las disposiciones más insostenibles de la Ley, a fin de impedir cualquier atentado contra nuestro territorio, nuestro paisaje y el bienestar de los ciudadanos.