Turcón-Ecologistas en Acción presentó sus alegaciones al proyecto de la Variante de la GC-200, en Mogán, solicitando su retirada por considerar que vulnera la normativa ambiental. Advierte que la obra no resuelve el tráfico en el casco urbano y afectaría al patrimonio y al tejido social
El escrito recuerda que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental emitió en julio de 2024 un informe negativo en el que se señalaban “deficiencias técnicas, riesgos para la salud pública y afecciones al patrimonio cultural y natural” que, según el colectivo, la documentación en información pública no ha subsanado.
Turcón sostiene que el transporte público, escolar, turístico y de mercancías seguiría atravesando el núcleo de Mogán “incluso con la ejecución de la variante”. También añade que la “mejora” de la conexión con La Aldea reducirá “aún más” el tráfico de paso, “por lo que la actuación no tendría un efecto significativo en la movilidad”.
La asociación dice que ya se han contemplado alternativas en las Normas Subsidiarias del municipio, como una circunvalación por el este del pueblo, y recuerda que ya existen proyectos en tramitación, como la de la intersección en la calle El Drago, que cubrirían los objetivos de manera más ajustada
Según el escrito presentado, el trazado afecta a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y a especies protegidas, entre ellas el pino canario y determinadas aves catalogadas. Turcón, además, añade que el estudio ambiental no analiza en detalle el control de especies invasoras ni contempla planes específicos de restauración de hábitats.
En relación con el patrimonio cultural y etnográfico, el colectivo advierte de la afección a la Era de Casablanca, a senderos tradicionales como el de Mogán a Veneguera —integrado en la ruta europea Tamaranae— y a elementos como pozos, alpendres o cuadras históricas, que no cuentan con medidas de preservación.
Las alegaciones señalan que el 56 % del comercio del municipio depende del tráfico que circula actualmente por la GC-200. En este sentido considera que el desvío del tráfico “podría reducir la actividad económica del casco urbano y afectar a suelos agrícolas en explotación y a zonas de pastoreo”.
En materia de salud pública, el colectivo indica que no se han presentado estimaciones previas de emisiones contaminantes ni de niveles de ruido y que las instalaciones auxiliares como plantas de áridos o parques de maquinaria se ubicarían próximas a viviendas. Turcón recuerda que el informe ambiental de 2024 advertía de que 17 viviendas superarían los niveles legales de ruido durante las obras.
Por tanto, los ecologistas exponen en sus alegaciones que el proyecto “no se ajusta” al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que desaconseja la creación de nuevos corredores viarios y recomienda mejoras puntuales en la red existente. “El estudio ambiental aportado corresponde a una evaluación estratégica y no a un Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, que sería el procedimiento exigido por la Ley 21/2013 y por la propia Comisión Autonómica”.
El colectivo rememora que la plataforma vecinal Salvar Mogán ha presentado más de mil firmas contra el proyecto y que las alegaciones formuladas en 2022 aún no han recibido respuesta. Por tanto, Turcón considera “necesario” reforzar la participación pública en el procedimiento, y exige a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias mayor transparencia en este y otros trámites.
