En documento remitido al Presidente del Gobierno de Canarias y después de unas largas consideraciones, los ecologistas teldenses vienen a apoyar la petición de otros colectivos ciudadanos de exigir la asunción de responsabilidades a los responsables por omisión e inacción en los episodios continuados de contaminación orgánica en la Bahia de Salinetas y por extensión el mayor evento contaminante del litoral este de Gran Canaria.
Nos encontramos en un contexto donde la realidad supera lo imaginable, tal es, que durante más de dos meses las playas de Melenara, Salinetas y Clavellinas permanecieron cerradas debido a episodios continuados de contaminación orgánica procedente de las instalaciones acuícolas ubicadas en la bahía de Salinetas. 6 municipios, 12 playas afectadas. La actividad acuícola ha generado el mayor escándalo de contaminación del litoral de Gran Canaria.
Reconocemos por haberlo vivido, que el fenómeno no es aislado, sino recurrente. Cada año durante los meses de calmas marítimas (septiembre-octubre), se acumulan en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una película de grasa que cubre la superficie de la bahía.
Nos asombra que a pesar de la gravedad del impacto ambiental, de salud pública, económico y social, no consta que la Dirección General de Pesca haya activado medidas de vigilancia, inspección o investigación, a pesar de ser la autoridad competente en virtud del Decreto 212/2024 (BOC nº 256, de 23 de diciembre de 2024).
Se recuerda, asimismo, el artículo 14 C) a) del citado Decreto que establece expresamente que corresponde a dicha Dirección General: “El ejercicio de las potestades de inspección y vigilancia de las actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas y, en su caso, la imposición de sanciones calificadas como leves“. En este estado de la cuestión la presencia de este ente competente no ha llegado ni a ser testimonial.
No por repetido deja de ser de interés el explicitar que la explotación acuícola denominada “Melenara 2” se encuentra situada a 355 metros de la costa, zona catalogada como PROHIBIDA para la acuicultura según el PROAC. Pese a las quejas vecinales acumuladas durante más de veinte años, no solo no se ha ordenado su desmantelamiento, sino que se han autorizado nuevas explotaciones, incrementando la carga contaminante sobre la bahía.
La ciudadanía, inquieta y organizada, ha solicitado reiteradamente información sobre las labores de vigilancia previas, los informes de inspección y el historial documental que debería obrar en poder de la Dirección General de Pesca. Ningún organismo competente ha respondido hasta la fecha ante una demanda que procede atender por transparencia y por situar la situación en su justo término y que la ciudadanía se le acrediten el cumplimiento de las obligaciones de la actividad acuícola..
Ante este cúmulo de despropósitos el escrito presentado por sede electrónica realiza una serie de consideraciones como, que la ausencia de vigilancia previa, la falta de respuesta institucional y la reiteración de episodios contaminantes apuntan a un posible incumplimiento de las obligaciones de supervisión inherentes a la concesión administrativa otorgada por el Gobierno de Canarias.
Ante las peticiones ciudadanas el silencio ha sido la contestación. Nada de nada. Eso sí, después, en enero de este año visitaron las playas, cuando el episodio de contaminación había concluido para decir que estaba todo bien, con nota de prensa muy explicativa. Una tomadura de pelo, un desprecio al decoro institucional que debe tener las administraciones en su relación con el ciudadano.
Los hechos descritos podrían encuadrarse en los delitos contra el medio ambiente previstos en los artículos 325 a 331 del Código Penal, que sancionan la contaminación grave, la gestión negligente de instalaciones y la afectación de espacios naturales, con penas que incluyen multas, prisión e inhabilitación, así como responsabilidad para personas jurídicas.
La reiteración de episodios contaminantes, la ausencia de inspecciones documentadas y la falta de activación de protocolos pueden constituir: Incumplimiento de obligaciones de vigilancia, omisión de deberes de actuación, infracciones administrativas y responsabilidad patrimonial.
Turcón concluye con la petición de depuración de responsabilidades políticas y administrativas ante la reiteración de episodios contaminantes, la ausencia de medidas preventivas, la falta de activación urgente del plan de emergencias y la posible omisión de las competencias in vigilando sobre la empresa concesionaria.
Es así que este colectivo solicita el cese del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria el Sr. D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda y del Director General de Pesca del Gobierno de Canarias, el Sr. D. Esteban Cipriano Reyes Hernández por la presunta omisión de sus deberes de vigilancia y por permitir que en la bahía de Salinetas se produzcan episodios continuados que podrían constituir infracciones graves o delitos ambientales.
