Turcón Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias que amplíe un mes más el periodo de información pública del proyecto de concesión acuícola promovido por Gran Canaria Bass Company, S.L.U., previsto en la zona de interés acuícola ZIA-GC-9, en el ámbito marino A.G.M.-GC-9, frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara; en base a la complejidad y volumen de la documentación ambiental y la insuficiencia del tiempo concedido para poder presentar alegaciones al mismo.
La petición se produce después de que el Boletín Oficial de Canarias publicara el pasado 24 de agosto el anuncio por el que se someten a información pública tanto el proyecto como su Estudio de Impacto Ambiental, estableciendo un plazo de 30 días hábiles para que las administraciones afectadas y las personas interesadas puedan formular alegaciones, observaciones o informes.
Un proyecto de grandes dimensiones
Turcón llama la atención sobre las dimensiones de la actuación objeto de información pública. Según los datos recogidos en el propio anuncio del BOC, el ámbito contempla una superficie marina de 4.268.175,99 m² en la U.R.D.S.-1 y 2.778.733,75 m² en la U.R.E.S.-2, con un aprovechamiento acuícola productivo previsto de 9.200 y 6.000 toneladas, respectivamente. El anuncio establece además una ocupación máxima de la línea de costa por artefactos tipo jaula flotante de 1.516,82 metros lineales.
El proyecto fue seleccionado como ganador del concurso público convocado por el Gobierno de Canarias en 2023, mediante resolución de la Dirección General de Pesca de febrero de 2024.
El propio procedimiento reconoce la necesidad de una evaluación ambiental ordinaria
Uno de los aspectos que Turcón considera especialmente relevante es que el procedimiento ambiental no se limita a una evaluación simplificada. El BOC señala que, mediante acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de abril de 2025, se determinó que el proyecto debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, al poder tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
Para Turcón, esta circunstancia refuerza la necesidad de garantizar una participación pública efectiva y disponer de tiempo suficiente para analizar la documentación y formular alegaciones con el rigor necesario.
Turcón cuestiona que el plazo coincida con el mes de agosto
El colectivo ecologista señala en su escrito que la publicación del periodo de información pública se ha producido en pleno mes de agosto, coincidiendo con un periodo vacacional en el que tanto buena parte de la ciudadanía como las propias administraciones y organizaciones sociales funcionan con horarios y ritmos reducidos.
Turcón recuerda además que la Ley 39/2015 contempla la posibilidad de ampliar los plazos administrativos cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros. En su solicitud, la organización sostiene que el volumen de información que debe ser analizado justifica dicha ampliación.
“Ante el cúmulo de información a procesar, solicitamos una ampliación del plazo del periodo de información pública”, señala Turcón en el escrito remitido a la Dirección General de Pesca.
Defensa de la participación ciudadana
La organización ecologista fundamenta también su petición en el derecho de acceso a la información y a la participación pública en materia ambiental. Su escrito cita la Ley 27/2006, que establece obligaciones de las administraciones en materia de difusión de información ambiental y participación pública.
Turcón reclama, por tanto, que se facilite una participación ciudadana real en un expediente que afecta a un ámbito marino de gran extensión y que contempla una importante capacidad productiva acuícola.
El colectivo ha solicitado formalmente a la Dirección General de Pesca que amplíe un mes el plazo de información pública, con el objetivo de poder consultar y preparar adecuadamente la documentación necesaria para participar en el expediente.
