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NÉSTOR MARTÍNEZ – AVETAGAN
El artículo 7 del RD 2591/1998 estipula la revisión de los planes directores de los aeropuertos al menos cada ocho años, el de Gando los cumplió el 29 de septiembre de 2009. Tras haber sido solicitada la revisión vía administrativa este incumplimiento solo cabe achacarlo a una voluntad de perjudicar a los ciudadanos que están utilizando la vía legal para participar en la gestión pública, la democracia no se circunscribe solo a votar cada cuatro años.
Consientes de que han perdido la credibilidad para redactar un plan director expansivo y que vía contencioso haríamos desaparecer la tercera pista de la planificación a la solicitud de revisión el gobierno español le dio silencio administrativo, creando una situación de ambigüedad que aprovechan en contra de los ciudadanos otras administraciones como el Gobierno Canario y el Cabildo Gran Canario. Durante este año hemos visto como los señores del consenso aeroportuario, pervirtiendo la vía administrativa, dieron aprobación provisional al PTE del Parque Aeroportuario y publicaron el Avance del PTE de la Variante Aeroportuaria, desestimando en el primer caso las alegaciones que les indicaban que el modelo territorial había quedado desencajado (funcional y territorialmente) tras no haber podido ejecutar el gobierno español el expediente 81-AENA/08 para hacer la tercera pista y por no haber sido revisado el Plan Director del Aeropuerto.
Ante esta situación de involución democrática en la que los pactos extramuros de los señores del consenso aeroportuario inutilizan la vía administrativa e intentan engañar a los vecinos de Ojos de Garza y la Montañeta para que les cedan sus propiedades al no existir fundamento legal para ejecutar una expropiación anunciamos la voluntad de seguir utilizando la vía legal contra la especulación aeroportuaria mediante:
El contencioso ya iniciado contra el expediente 81-AENA/08.
Contencioso contra el PTE del parque Aeroportuario, si se le da aprobación definitiva.
Denuncia o alegaciones ante cualquier nuevo intento de engaño o plan que perjudique nuestros legítimos intereses sin que haya una razón de utilidad pública.
