Artículo de opinión de
Javier Romero Rodríguez
El 19 de mayo de este año, declarado por la ONU Año Internacional de la Biodiversidad, se ha aprobado en el Parlamento de Canarias el nuevo catálogo autonómico de especies protegidas con el apoyo de Coalición Canaria y PP, y con los votos en contra del PSC-PSOE. En él, se desprotegen a 29 especies y se rebaja de categoría a otras 290, dando vía libre a macroproyectos urbanísticos como el del puerto de Granadilla.
La polémica ley se ha llevado a cabo sin el consenso de la comunidad científica y a pesar de numerosas protestas de grupos ecologistas y de la sociedad canaria en general. Además de los evidentes y gravísimos daños medioambientales, provocará un nefasto efecto a la principal fuente de ingreso del archipiélago: el turismo. ¿Se imaginan el destino de las visitas turísticas?: el faraónico puerto de Granadilla o el ilegal C.C. de las Terrazas.
Pero esto no es lo más grave. La aprobación del nuevo catálogo pone de manifiesto la cada vez más común y contradictoria autonomía de nuestra incompetente clase política. Aunque algunos lo hayan olvidado, la función de los políticos es servir al pueblo y no enriquecerse a costa de él. Un claro ejemplo de buena gestión en este sentido son los EEUU, donde en cada elecciones y aprovechando todos los medios desplegados, se someten a consulta popular diversos asuntos de interés general.
Todo esto pone en evidencia la necesidad de cambiar el actual sistema político a un nuevo modelo en el que la participación ciudadana sea el pilar fundamental en la toma de decisiones durante toda la legislatura, y no sólo durante el periodo electoral.
Un comentario
Totalmente de acuerdo, las leyes que protegen los espacios naturales deberían de estar controladas desde el Gobierno Central, y cualquier modificación debe de ser estudiada con rigor científico, no basada en políticos que la cambian, sin más solo para enriquecerse ellos y arruinar al pueblo y su entorno.