En los últimos días ha vuelto a ser noticia la inminente demolición del hotel RIU Oliva Beach, que ocupa actualmente el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Corralejo de forma irregular al tener caducada la concesión para permanecer en él.
Tras el anuncio de la caducidad de la concesión en febrero de este mismo año y la orden de demolición declaradas por el Ministerio para la Transición Ecológica, sumado al posterior dictamen del Consejo de Estado que reitera las competencias estatales sobre esta decisión, hace unos días llegaba también la respuesta del Gobierno de España al Gobierno de Canarias que vuelve a repetir lo que ya se sabía: el ejecutivo autonómico no tiene competencias en este asunto.
La resolución dictada por el Ministerio y ratificada hasta en dos ocasiones es el resultado de los reiterados incumplimientos por parte de la cadena hotelera de unos requisitos claramente establecidos en la concesión. Entre ellos, construcciones ilegales que denunciamos en 2020, como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas. Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a RIU con 204.000 euros por una infracción grave en 2022 y se les ordenó demoler las construcciones, orden que por supuesto incumplieron, dando inicio al expediente de caducidad de la concesión.
Pese a las reiteraciones sobre las competencias sobre el dominio público marítimo terrestre comunicadas desde diferentes organismos, el Gobierno de Canarias (CC-PP), con Fernando Clavijo (CC) al frente, no cesa en su empeño de defender a toda costa la permanencia y los intereses del hotel propiedad de la cadena hotelera RIU. Para ello, no ha dudado en enfrentarse al Estado y, además, acudir al Tribunal Contencioso defendiendo que Canarias tiene las competencias sobre las concesiones otorgadas al hotel.
Cabe recordar que en agosto del pasado año el mismo gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, liderado por Fernando Clavijo (CC) concedió el premio Turismo Islas Canarias al hotel RIU Oliva Beach, calificándolo de “pionero en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago” y defendiendo que el hotel ha contribuido al “desarrollo en el empleo local y la riqueza de la Isla”. Un reconocimiento inaceptable que denunciamos públicamente y que fue concedido a un establecimiento que no cumple con la legalidad, que ocupa un espacio público y que además participa en el deterioro de los entornos naturales protegidos de las islas, fomentando el turismo de masas que depreda nuestro territorio, que hace un uso privativo de nuestras costas y que además las degrada pasando por encima de cualquier normativa o protección.
Es completamente inadmisible que un gobierno autonómico batalle públicamente en defensa de los intereses privados de una empresa hotelera que incumple la legalidad de manera alarmante. Menos aún en un momento clave para las islas en el que, hace escasas semanas, más de 200.000 personas gritaron en las calles que “Canarias tiene un límite” y que la actividad turística tiene que limitarse y ser respetuosa con el territorio que ocupa y con las personas que lo habitan. Fernando Clavijo tiene ahora mismo en sus manos la oportunidad de hacer valer el interés general frente al privado, de defender el bien común y de tomar una medida ejemplarizante para todas aquellas empresas que operan en nuestras islas incumpliendo la legalidad.
