El largo proceso de los hoteles RIU Oliva Beach y RIU Tres Islas, ubicados en el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Corralejo de Fuerteventura, está repleto de ilegalidades e incumplimientos por parte de la cadena hotelera. Unas Irregularidades que han llevado a Costas a iniciar la caducidad de las concesiones de ocupación del dominio público y que podrían terminar con el derribo de ambos establecimientos.
Los hoteles, construidos en la década de los 70, contaban con un permiso temporal tras la entrada en vigor de la Ley de Costas. Este permiso recoge una condición básica y claramente establecida: no se permite ninguna obra o construcción sin la autorización previa de la Demarcación de Costas. Sin embargo, la cadena hotelera incumplió estos requisitos y además desobedeció todas las sentencias que les obligaban a demoler las construcciones ilegales.
Ecologistas en Acción denunció en 2020 la existencia de construcciones fuera de la concesión en el hotel Oliva Beach, obras por las que RIU fue sancionada con más de 200.000€ por una infracción grave y con orden de derribo de las mismas. El incumplimiento de esa orden fue la que dio inicio a la caducidad de la concesión. “Es un proceso que conocemos de primera mano porque hemos sido parte activa en la causa”, afirman.
La reiteración en los incumplimientos, la ocupación de terrenos fuera de la concesión, las obras ilegales, ventas de propiedades, órdenes de derribo incumplidas, sanciones y un largo historial de irregularidades, tanto urbanísticas como medioambientales, desembocaron en la apertura de expedientes de caducidad para las concesiones de ambos establecimientos, cuya resolución sería la demolición de los hoteles.
“Con este reportaje pretendemos explicar un proceso que se ha visto enturbiado intencionadamente, porque es vital que seamos conscientes del abuso y del poco respeto que este tipo de empresas tienen sobre el dominio público y los espacios protegidos de Canarias”.
La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción considera inaceptable la impunidad con la que operan algunas empresas turísticas en nuestro territorio, pasando por encima de cualquier normativa o protección y, además, lucrándose de ello, y lamenta que los partidos políticos del Gobierno de Canarias se pongan de parte de los infractores urbanísticos que atentan contra el patrimonio colectivo del pueblo canario, demostrando una vez más que quienes marcan la agenda y controlan la política turística y medioambiental en las islas son las empresas, lo que va totalmente en contra del interés general de la ciudadanía de las islas y de la protección de los recursos naturales. La demolición de los hoteles y el restablecimiento del entorno debe llevarse a cabo cuanto antes y servir de ejemplo para todas aquellas grandes empresas que incumplen la legalidad y degradan nuestras islas.
En el vídeo reportaje, hecho público este 8 de enero, se aclaran cronológicamente todos los detalles de los incumplimientos de la cadena hotelera en el espacio protegido, así como las afecciones medioambientales de su actividad y el escandaloso posicionamiento de numerosos representantes públicos de las islas.
