Desde Turcón – Ecologistas en Acción valoramos con escepticismo y preocupación la noticia de que la empresa RIU ha iniciado la demolición de varias dependencias del Hotel Tres Islas, en cumplimiento del requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica. Este anuncio no puede entenderse como una reparación del daño causado al dominio público marítimo-terrestre, sino más bien como un lavado de imagen que intenta evitar lo inevitable: la caducidad total de la concesión y la demolición integral del complejo hotelero, que ocupa desde hace décadas una zona de altísimo valor ecológico dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y la ZEC “Corralejo” (Red Natura 2000).
Una concesión que debe ser extinguida por completo
El expediente de caducidad CNC12/06/35/0002, ha sido dejado caducar por la propia Administración sin resolución firme, a pesar de las graves infracciones cometidas por la empresa y del incumplimiento sistemático de las condiciones de la concesión. No obstante, la legislación de Costas permite abrir un nuevo procedimiento cuando persisten los motivos que van en contra del interés general, como es el caso.
Hasta ahora no sólo se ha incumplido con la ejecución de obras ilegales que han aumentado la superficie, volumen y número de habitaciones del hotel, que ahora después de numerosos años y dilaciones se pretende subsanar.
También están, la instalación no autorizada de nuevas infraestructuras como una planta desalinizadora y una depuradora defectuosa, con vertidos al mar, o la construcción de piscinas, jacuzzis, spa, techados y accesos contrarios al proyecto original.
Todo ello vulnera de forma flagrante la normativa ambiental y de costas, afectando negativamente al frágil ecosistema dunar, como han demostrado informes científicos de la Universidad de La Laguna, la ULPGC y el propio Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo.
La ocupación del litoral no es un derecho adquirido
La presencia del Hotel Tres Islas —y también del Hotel Oliva Beach— en suelo de dominio público marítimo-terrestre responde a privilegios heredados del franquismo, cuando las leyes no protegían el interés general. Hoy, el mantenimiento de esta situación es insostenible jurídica, ambiental y socialmente.
Recordamos que el artículo 132 de la Constitución Española establece la obligación de proteger el dominio público, y que el uso privativo del litoral debe ser excepcional, temporal y justificado por interés público, algo que en este caso no se cumple.
Denunciamos la campaña de presión del Gobierno de Canarias a favor de RIU
Nos preocupa profundamente la campaña orquestada por el Gobierno de Canarias, partidos políticos y organizaciones empresariales en defensa de los intereses de RIU. Esta actitud representa una grave deslealtad institucional, al cuestionar competencias estatales y amenazar con llevar el caso al Tribunal Constitucional con el único fin de bloquear la restitución del litoral.
El Ejecutivo canario no puede convertirse en un lobby turístico más. El traspaso de competencias de Costas no puede suponer carta blanca para legalizar lo ilegal ni para amparar el deterioro ambiental a cambio de rédito económico o electoral.
Exigimos:
- La inmediata reapertura del expediente de caducidad de la concesión del Hotel Tres Islas.
- La demolición completa del establecimiento y la restauración ecológica del entorno dunar.
- Que se depuren responsabilidades administrativas por la inacción que ha permitido esta situación durante años.
- Que el Estado no ceda ante presiones políticas ni empresariales y actúe con firmeza en defensa del patrimonio común.
¡Ni un metro más de costa para la especulación!
El dominio público es de todas y todos.
Dunas libres, costa viva.
