Estas entidades se han unido para reclamar a Turismo del Gobierno de Canarias modificaciones en la nueva regulación, al entender que se confunde turismo activo con actividades educativas, ambientales y culturales sin ánimo de lucro. Pide modificar los artículos 2 y 3 para evitar efectos sobre el asociacionismo, la educación ambiental, el uso y disfrute de la Naturaleza sin ánimo de lucro.
Consideran que para evitar el intrusismo no se puede penalizar al movimiento asociativo. Los canarios y las canarias no somos turistas en nuestra tierra. Tenemos derecho a conocer nuestra historia, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, sin ánimo de lucro, por ello, pedimos una modificación del nuevo Decreto.
Las asociaciones han presentado recursos de reposición contra el Decreto 138/2025 que modifica el reglamento del turismo activo en Canarias. La asociación argumenta que la nueva redacción perjudica a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades ambientales, educativas o culturales dirigidas a la ciudadanía, al tiempo que amplía el concepto de turismo activo hasta incluir acciones formativas y divulgativas.
El nuevo marco legal incorpora como turismo activo actividades de “recreo, deportivas, de apreciación, de conocimiento e interacción” en la naturaleza o en entornos urbanos, e incluye también “acciones informativas, formativas y divulgativas” en ámbitos culturales o medioambientales. Según los ecologistas, esa definición “mezcla” actividades profesionales con iniciativas sociales “que desde hace décadas realizan las asociaciones locales con objetivos no lucrativos”.
El escrito también cuestiona la introducción del término “público en general” para establecer qué entidades quedan fuera de la aplicación del decreto. Para la asociación, “tal y como está redactado”, solo se exceptúa a aquellas asociaciones que organicen actividades exclusivamente para sus personas asociadas, “lo que dejaría fuera a colectivos que trabajan con la ciudadanía y que basan su actividad en la participación ciudadana”.
Las entidades recurrentes sostienen que esta formulación puede generar “interpretaciones arbitrarias” y “dificultar la labor de las asociaciones que desarrollan programas de educación ambiental, interpretación del patrimonio o voluntariado”. El colectivo recuerda que estas actividades forman parte de la estrategia nacional e internacional de educación ambiental y que contribuyen a objetivos recogidos en el Convenio de Aarhus, que garantiza la participación social en asuntos ambientales.
Por otro lado, señala que el nuevo decreto “no diferencia con claridad” entre el turismo activo profesional y las actividades educativas o divulgativas sin ánimo de lucro. En su recurso propone modificar los artículos 2 y 3 para eliminar las referencias a acciones formativas y divulgativas dentro del turismo activo, así como suprimir el término público en general “con el fin de evitar efectos no deseados sobre asociaciones ambientales, culturales y sociales”.
Recuerdan que numerosas entidades realizan cada semana actividades de senderismo interpretativo, educación ambiental y divulgación del patrimonio natural y cultural dirigidas a residentes “que no pueden ser tratadas como actividades turísticas ni sujetas a obligaciones propias de empresas”. Avisa que la nueva redacción puede derivar en un marco “poco claro que confunda ámbitos tan distintos como la actividad empresarial, el asociacionismo y la participación ciudadana”.
Por ello, los ecologistas sostienen que el enfoque del decreto se enmarca en una tendencia “a la mercantilización de la naturaleza” y “a la interpretación de cualquier actividad en el medio natural como un producto turístico”. Estas visiones, aseguran, “pueden “invisibilizar la labor de las asociaciones locales que trabajan desde el voluntariado y la educación ambiental”.
Las entidades piden a Turismo del Gobierno de Canarias revisar el texto antes de su aplicación para garantizar que las asociaciones sin ánimo de lucro queden excluidas de las obligaciones previstas en el decreto. También solicita que se refuercen los criterios de claridad y seguridad jurídica para evitar que la norma genere confusión en las ONG, en la ciudadanía o en los servicios de inspección.
Concluyen que el objetivo del recurso no es frenar la regulación del turismo activo, sino evitar que afecte a la educación ambiental y a la participación social, ámbitos que considera esenciales para la conservación del patrimonio natural y cultural del archipiélago.
