El auto aclaratorio emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, solicitado por el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Entidad Yudaya S.L., pasa a aclarar la sentencia de fecha 6 de Octubre de 2008 que estimaba íntegramente la demanda interpuesta por la Federación Ecologista Ben Magec contra determinadas actuaciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
La Sala estima aclarar la nulidad de la zonificación Bb3 (suelos agrícolas recalificados como urbanizables) y su régimen jurídico en una sentencia anterior, del 14 de marzo de 2008. Del auto aclaratorio se desprende el mantenimiento de la nulidad de los proyectos: Centro comercial de la zona de la Vega de Gáldar Variante GC 1 entre Jinámar y el Aeropuerto, la circunvalación entre Ingenio-Agüimes y Vecindario, la carretera entre Agaete y la Aldea de San Nicolás, el puerto deportivo turístico de Bahía Feliz, ampliación del puerto de Arinaga, la extracción de Arenas de Pasito Blanco.
Tras la aclaración de sentencia los ecologistas entienden que todos y cada unos de estos proyectos son nulos, por lo que consideran de una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria que sigan adelante con los trámites administrativos de proyectos que están inicialmente anulados.
Ben Magec-Ecologistas en Acción se congratula de la sentencia aclaratoria del TSJC al considerarla un paso hacia delante para lograr una mayor protección del territorio grancanario frente al desarrollismo insostenible promovido por la anterior corporación insular. En este sentido, la organización ecologistas ha pedido la ejecución de la sentencia y, en consecuencia, pide responsabilidad al Cabildo y respeto a las decisiones judiciales. No se entiende así que se haya frenado la Tangencial del Telde por la citada sentencia y que, sin embargo se siga adelante con obras como la primera fase de La Aldea-El Risco, que también es un proyecto anulado por el TSJC
Las zonas Bb3 son los suelos agrícolas recalificados como urbanizables, representan 4.146 hectáreas, esto es el 12% del total de la superficie agrícola útil de la isla de Gran Canaria, de los cuales el 56 % de la superficie son suelos potencialmente agrícolas, indiferentemente que se encuentren o no en explotación, por lo que la nulidad de esta zonificación es un paso hacia delante en la protección del suelo agrícola productivo frente a la voracidad especulativa promovida por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Los ecologistas advierten del peligro de recalificar estos suelos, ya que serían actuaciones irreversibles que supondrían la pérdida del poco suelo productivo con el que contamos.
Además parece contradictorio que el Cabildo de Gran Canaria por un lado manifieste su apoyo a la producción agrícola local y por otro lado se recalifique como urbanizable el 12% del suelo agrícola útil, en un contexto de crisis económica donde el sector primario se ofrece como nicho de empleo. Hasta ahora, el pacto de Gobierno entre PSOE y NC en el Cabildo ha demostrado defender la misma postura sobre el suelo agrícola urbanizable que la anterior corporación presidida por José Manuel Soria. Hasta ahora todas sus actuaciones en esta materia han ido encaminadas a salvar el PIO que aprobo el Partido Popular en el Cabildo.
La federación ecologista pide coherencia a nuestros representantes políticos para que preserven y protejan la totalidad del suelo agrícola productivo y dejen de favorecer la especulación sobre el mismo. Demanda una política mas activa que favorezca al sector primario y que propicie la puesta en producción de estos suelos de forma sostenible garantizando una vida digna a los agricultores mediante medidas proteccionista frente a los intermediarios y los importadores.
