* Artículo de opinión de Consuelo Jorges López
Desde hace tiempo, una parte creciente de la ciudadanía canaria se hace una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿El Gobierno de Canarias actúa para defender el bien común y los derechos de la población, o actúa como gestor dócil de los intereses del gran capital, ya sea local o foráneo?
La respuesta no está en los discursos, sino en los hechos. Y los hechos son cada vez más claros.
Desoír a la ciudadanía organizada
En los últimos años, amplios sectores sociales se han movilizado para cuestionar un modelo de desarrollo que ha demostrado ser insostenible social, ambiental y territorialmente. Movimientos como 20A, Canarias Tiene un Límite, Canarias Palante, y muchos otros colectivos vecinales y ecologistas, han puesto sobre la mesa propuestas concretas, sensatas y perfectamente viables:
- Una tasa turística por pernoctación para redistribuir los beneficios del turismo.
- Una moratoria turística real que frene la saturación territorial.
- La paralización de proyectos destructivos como Cuna del Alma, La Tejita o el Ecoresort La Pavona.
- La prohibición de la vivienda vacacional en zonas residenciales, hoy expulsando a la población local de sus barrios tradicionales.
- Limitar la compra de vivienda por personas sin arraigo demostrado en Canarias.
La respuesta del Gobierno de Canarias no ha sido el diálogo ni la escucha. Ha sido el ninguneo, la descalificación y, en muchos casos, la perversión deliberada de estas propuestas hasta vaciarlas de contenido.
Cuando el capital pierde en los tribunales, el Gobierno sale a rescatarlo
A este desprecio por la movilización social se suma una constante: cuando los intereses privados chocan con la legalidad o con sentencias judiciales, el Gobierno de Canarias se alinea con el capital.
Ahí está el respaldo al Siam Park en Playa del Inglés, un proyecto que la ciudadanía ya había ganado en los tribunales.
Ahí está también el apoyo cerrado a fondos de inversión detrás de empresas como Aquanaria, impulsando la acuicultura intensiva frente a la biodiversidad marina, la calidad de las playas y la salud pública.
Otro ejemplo, es el modelo de transición energética que es necesaria, urgente e incuestionable. Lo que no es aceptable es utilizarla como coartada para la destrucción masiva de suelo rústico de protección, beneficiando a un oligopolio eléctrico y a grandes inversores, en contra de los intereses de la población canaria. Las macroinstalaciones fotovoltaicas están arrasando paisaje, suelo agrícola y proyectos ciudadanos consolidados, como ha ocurrido recientemente con el corredor paisajístico de Telde, una iniciativa nacida desde abajo, construida con años de trabajo colectivo y borrada de un plumazo por las negligencias consentidas al Grupo Felix Santiago Melián S.L.
Un patrón que se repite
Los ejemplos se acumulan:
- La pervivencia de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo, a pesar de décadas de denuncias y la falta de colaboración de Gobierno de Canarias con el Estado para su demolición definitiva y recuperación del dominio público.
- El apoyo a Red Eléctrica en el proyecto de bombeo reversible Chira-Soria, con impactos graves en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
- La pasividad del Cabildo de Gran Canaria, seguidista del Gobierno autonómico, incapaz de tomar medidas tan básicas como permitir que vuelvan a circular las aguas por el Barranco de La Mina.
No son casos aislados. Son piezas de un mismo modelo.
Gobiernan sin presentarse a las elecciones
Ante este panorama, desde la ciudadanía surge una pregunta tan irónica como reveladora:
¿Por qué no se presentan directamente a las elecciones quienes realmente gobiernan?
Que figuren en las papeletas, con programas claros y sin intermediarios, empresas y fondos como: RIU, LOPESAN, LORO PARQUE, AQUANARIA, RED ELÉCTRICA, ENEL, NATURGY, ECOENER, SATOCAN, Grupo FSM, los inversores belgas de Cuna del Alma, y tantos otros.
Al menos así habría transparencia. Al menos sabríamos quién toma las decisiones y en beneficio de quién.
Canarias no es una colonia económica
Canarias no puede seguir siendo tratada como un territorio de sacrificio, donde el suelo, el mar, el paisaje y la vida cotidiana de la gente se subordinan sistemáticamente a los beneficios de unos pocos.
Gobernar es elegir. Y el Gobierno de Canarias lleva demasiado tiempo eligiendo al capital frente a la ciudadanía.
Desde Turcón – Ecologistas en Acción seguiremos denunciando esta deriva, defendiendo el territorio y recordando algo esencial: la democracia no se mide por a quién se escucha en los despachos, sino a quién se protege con las políticas públicas.
* Consuelo Jorges López. Presidenta de Turcón Ecologistas en Acción
