Ben Magec-Ecologistas en Acción critica la decisión del Parlamento canario de negar a ayuntamientos y cabildos la participación en materia de infraestructura eléctrica.
Para la federación ecologista esta decisión demuestra una vez más el escaso peso que tiene la ciudadanía para nuestro Parlamento y su voluntad de favorecer a lobby energético en sus negocios en Canarias.
El acuerdo parlamentario del pasado lunes oscurece más aún un sector fundamental como es el energético. Decisiones esenciales y de importancia estratégica cómo es el emplazamiento de las infraestructuras eléctricas en Canarias se convierten en un proceso oscuro, discrecional y excepcional que pasará inadvertido para los ciudadanos de a pie, para favorecer al sector privado de la generación de electricidad. Desde el Parlamento se da apoyo y cobertura legal a los planes de determinadas compañías eléctricas privadas de instalar centrales térmicas y de gas en Canarias, y que cuentan con el rechazo de determinadas administraciones, pero que en ningún caso afectan a la instalación de infraestructuras eléctricas en base a producción renovables.
Una vez más, aquellos que tienen el mandato ciudadano de velar por el interés general, se alinean con los grandes lobbies, en este caso energéticos, para ocultar a la ciudadanía grandes decisiones para nuestro futuro. La imposibilidad de que Cabildo y Ayuntamientos participen a través de ordenación territorial de su isla o municipio, supone una importante violación del derecho ciudadano a participar en las decisiones que afecten a su entorno más inmediato.
Otra vez más el Parlamento desarrolla iniciativas destinadas a resolver conflictos ambientales y sociales (véase el rechazo ciudadano e incluso administrativo a la planta de Gas en Arinaga) a través de la imposición y no a través de la información y negociación.
Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita que tanto Cabildos como la Federación de Municipios Canarios, se olviden de siglas y afiliaciones políticas, y que se opongan a este perniciosa decisión política, y que defiendan el verdadero interés ciudadano y el derecho a la participación.
