Según el último informe oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Gobierno de Canarias ha dejado de cobrar más de 17,2 millones de euros en sanciones. Turcón denuncia un “fracaso estructural” en la gestión recaudatoria y económica de varias consejerías.
A lo largo de los últimos años la imposición de sanciones a empresas y particulares, en relación con infracciones ambientales y urbanísticas, han fracasado. Muchas de esas multas han prescrito o están en riesgo de prescripción por falta de seguimiento y ejecución. Esto supone una pérdida directa de dinero público, que por ley debía destinarse a la protección, restauración y mejora del medio natural en Canarias.
La Audiencia de Cuentas advierte de “deficiencias graves y reiteradas en la gestión de las sanciones: anulaciones improcedentes y cancelaciones injustificadas, pagos indebidos y ausencia sistemática de control del proceso recaudatorio, con indicios claros de perjuicio al erario público”.
Turcón denuncia y subraya, la falta sistemática de cobro de las sanciones y nula efectividad del sistema sancionador, lo que propicia una impunidad de los infractores y permite que las multas se acumulen sin ejecutarse, ni se adopten medidas de restitución de la legalidad vulnerada, con graves consecuencias para el territorio y el medio ambiente canario.
Asevera, Turcón: “no estamos ante errores puntuales, sino ante un problema estructural sostenido durante años. Se pierden millones de euros, no se restaura el daño ambiental y se transmite un mensaje de impunidad. Esto es un fracaso político, directivo, ejecutivo y administrativo a la vez, en la servidumbre de la dejación de funciones, y otras consideraciones delictivas como: administración desleal del patrimonio público, prevaricación administrativa por omisión y malversación en su modalidad de gestión desleal; por todo ello, hemos solicitado al Ministerio Fiscal inicie sus investigaciones pormenorizadas”. Este escándalo y una falta de ejecución de sanciones, la impunidad de infractores y el deterioro continuado del territorio reflejan una gestión estructural deficiente, en la que no se prioriza la protección de los valores naturales de Canarias.
