El colectivo Turcón Ecologistas en Acción denuncia públicamente la grave dejación de funciones de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que en vez de ser garante del interés general se ha convertido en un mero tramitador de proyectos del oligopolio eléctrico, facilitando la expansión de macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo rústico protegido en toda Canarias.
En el caso de la Planta Fotovoltaica Aguadulce, promovida por la multinacional ENEL en la zona de Jeréz, Telde, la Dirección General de Energía no ha valorado ni defendido las alegaciones de la ciudadanía, trasladándolas directamente a la empresa para que sea ella misma quien se justifique y critique las alegaciones ciudadanas.
Esto supone una renuncia expresa a la función pública de defensa del territorio, de la soberanía energética y de los derechos ambientales del pueblo canario, dejando a la población en una posición de absoluta indefensión frente a una multinacional con poder económico, jurídico y político.
“El Gobierno de Canarias ha decidido ponerse del lado del oligopolio eléctrico y no del lado de su gente. Ha abandonado su función de árbitro para convertirse en gestor de los intereses de ENEL”, denuncia Turcón.
Turcón califica de profundamente cínica y colonial la estrategia de ENEL, que pretende justificar la ocupación de suelo rústico de protección agraria mientras ignora deliberadamente una realidad incuestionable: Que Los propios propietarios de viviendas, naves industriales, aparcamientos y edificios públicos podrían alcanzar la potencia de este proyecto —y mucho más sin destruir ni un solo metro cuadrado de suelo agrícola.
ENEL actúa como si la ciudadanía canaria no existiera como sujeto activo de la transición energética, como si no pudiera producir su propia energía.
El modelo del oligopolio eléctrico representado por ENEL, Iberdrola, Naturgy y otras grandes empresas pasa por acaparar tierra, energía y beneficios, dejando a la población como mera consumidora cautiva y al territorio como simple mercancía.
La macroplanta de Jeréz no es un hecho aislado. Forma parte de una avalancha de decenas de proyectos fotovoltaicos industriales que están ocupando suelo rústico, suelo agrícola y suelo de protección en municipios como Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Gáldar, entre muchos otros.
Este modelo está generando:
- Pérdida acelerada de suelo agrario útil,
- Fragmentación irreversible del territorio,
- Daño a la biodiversidad,
- Destrucción del paisaje,
- Expulsión de actividades tradicionales como el pastoreo,
- Concentración de beneficios en manos del oligopolio eléctrico,
- Empobrecimiento estructural de la sociedad canaria.
Todo ello sin una evaluación ambiental estratégica y acumulativa, como exige la ley, y sin una planificación democrática del modelo energético.
Turcón advierte que la llamada “emergencia energética” está siendo utilizada como excusa para imponer un modelo extractivo, donde:
- La energía sigue en manos de unos pocos,
- El suelo lo pone el pueblo,
- Y los impactos los sufre la sociedad canaria.
Esto no es una transición justa, sino una reconversión colonial del territorio para beneficio de grandes corporaciones extranjeras.
Los ecologistas insisten en que las alternativas son claras, viables y ampliamente suficientes:
- Cubiertas de viviendas,
- Azoteas de edificios públicos,
- Naves industriales,
- Aparcamientos,
- Zonas comerciales,
- Infraestructuras ya urbanizadas.
Todo ello puede ser promovido por los propios propietarios, comunidades energéticas y entidades locales, generando empleo local, ahorro energético y soberanía energética real, sin destruir suelo rústico ni agrario.
Rechazo total al proyecto de ENEL en Jeréz
Turcón Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la planta fotovoltaica Aguadulce y exige al Gobierno de Canarias:
- La denegación inmediata del proyecto,
- La evaluación ambiental ordinaria acumulativa y obligatoria para todo este tipo de proyectos,
- La paralización de la ocupación masiva del suelo rústico,
- Y la recuperación de una planificación energética pública, democrática y al servicio del pueblo canario.
La transición energética debe servir para democratizar la energía, proteger el territorio y garantizar derechos, no para reproducir un nuevo ciclo de acaparamiento, expolio y dependencia.
Lo tenemos claro: “No aceptamos que Canarias vuelva a ser sacrificada en nombre del beneficio de unos pocos. La energía del sol es del pueblo, no de los oligopolios”.
