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Artículo de opinión de Miguel A. Robayna, José Luís Porta, Lídia Poch y José Rafael Sánchez, publicado en prensa.
Hace pocos años Canarias salió a la calle con un tremendo clamor popular contra las petroleras y por las energías renovables, en el contexto de denuncia del modelo de desarrollo carbonizado que provoca el desastre del cambio climático y el negocio de unos pocos.
Como bien sabemos, las energías renovables están protagonizando, por todas las latitudes, un cambio de modelo energético por la madurez tecnológica alcanzada, desplazando del mercado a los contaminantes combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático y del encarecimiento del recibo de la luz.

Sin embargo en Canarias, paraíso de las energías limpias, la política energética del gobierno de turno es la de dar continuidad a los sistemas insulares convencionales fósiles con la introducción del gas natural, ahora aire propanado, puesto que prolonga la vida del modelo de generación concentrada y de grandes infraestructuras, justo lo que necesitan las eléctricas para prorrogar su negocio a costa de la gente y su salud, y el control de los sistemas eléctricos insulares. Importamos 3,1 millones de toneladas anuales de crudo, y el sistema tiene un déficit de sobrecoste de unos 1.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que durante años y años se bloquee e impida aprovechar y disfrutar de unos recursos que son nuestros, limpios y mucho más baratos para producir energía? ¿Tanta es la fuerza de las multinacionales eléctricas y tanta la dejación del Gobierno de Canarias?
 
Producir energía con fósiles en nuestro archipiélago nos cuesta unos 190 euros el MW/h mientras que con las renovables es de unos 80 euros el MW/h (y bajando). Seguir instalando plantas de regasificación, ciclos combinados y el resto de infraestructuras (redes, gasoductos, depósitos, puertos, regasificadoras, etc) aun sabiendo que es imposible que se pueda después suspender su consumo mientras no se agoten los largos plazos de amortización de las inversiones, es de tontos. En la actualidad, distintas plantas instaladas por toda la Península se han tenido que parar (Huelva, Castellón…) Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. En Gijón, la planta regasificadora de El Musel, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10% de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. En un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas.
Que se implante un nuevo modelo energético (NME) en Canarias es factible, necesario y urgente, de la mano de la ciudadanía porque dependemos un 92% del exterior y de lugares inseguros; tenemos recursos naturales suficientes; nos sale muchísimo más barato producir energía con renovables que con fósiles; nos amenaza el cambio climático.
Pero, también, para trabajar por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo, por despejar los obstáculos que atenazan a la energía eólica, para implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por forjar un mix de biomasa endógena, aerotermia, energía mareomotriz…, por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde fuera posible y necesario, por establecer industrias, por fomentar la I+D+i, por crear miles de empleos verdes y que la competitividad de las empresas no se base en la disminución de los salarios sino en la rebaja de la factura energética.
El gas natural, ahora aire propanado, no es la solución adecuada para resolver los problemas del sistema eléctrico de Gran Canaria porque la mejor ayuda para evitar el cambio climático es a través de la reducción de los gases de efecto invernadero y son las renovables, no el gas natural lo que procede. Si ya tenemos una dependencia de un 92% de petróleo, más combustibles fósiles diversificarían la dependencia pero no la reducen, impidiendo el camino de la soberanía energética. Creemos que la diversificación de los mix de los sistemas insulares hay que hacerla con sus abundantes energías limpias, que están abandonadas lo que nos impide ir hacia el 100% renovables.
Como dicen algunos expertos europeos estos días en la prensa: “El aire propanado no cumple los objetivos europeos desde el punto de vista del clima, de descarbonizar la economía, y es una energía sucia. En el ciclo de extraer el gas, licuarlo, meterlo en un buque para que llegue a Canarias, se vuelva a regasificar y se transporte, no salen las cuentas con las emisiones finales y en cuanto al precio…”
La introducción del gas obstaculiza el desarrollo de las renovables al tener reservado unas 5.000 horas de funcionamiento al año para los ciclos combinados de gas o aproximadamente un tercio del mix eléctrico insular. El gas natural potencia la generación concentrada, más electrones a transportar, torres más altas y aumenta el impacto ambiental en los reducidos y frágiles ecosistemas insulares.
¿Por qué a pesar de estas sólidas evidencias en contra del gas natural el Gobierno canario, el Cabildo de Tenerife, las eléctricas y sus cómplices persisten en su introducción? Porque el gas natural prolonga la vida del sistema convencional fósil, caduco, contaminante y caro obstaculizando la transición hacia el nuevo modelo energético. Además, potencia la generación concentrada, cuya gestión de la oferta fortalece la estructura del monopolio (Endesa-Enel, REE y Enagás) impidiendo la democratización de la energía. El gas natural, en momentos de transición de modelos energéticos, permite a las eléctricas controlar los tiempos del cambio, para no perder la hegemonía y el negocio en el nuevo modelo energético.
Parece que el objetivo de la política energética que tiene tanto interés por el gas natural (y por el aire propanado) es el mismo que dificulta el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia para impedir el empoderamiento energético ciudadano (por cierto, medidas estas que peor trato han tenido en la reforma del PP). Apostamos por las energías limpias para que la producción de la electricidad, el modelo de movilidad y la gestión del agua sean los principales factores de la sostenibilidad insular
No está justificada la utilidad pública del proyecto, y se ha planificado de espaldas a la ciudadanía; no hay estudios que garanticen su viabilidad económica y los gastos los asumirá, como siempre, la ciudadanía. Es una tecnología que ya se está retirando en otros países, y va contra la legislación europea que exige a los edificios consumos de energía bajos. Además va contra los acuerdos de París para reducir la contaminación y supone un freno a las renovables aumentando la dependencia energética del exterior.
Animamos a los diferentes colectivos sociales y ciudadanía en general a manifestar públicamente la oposición a este disparate de poner patas arriba nuestras ciudades, para el negocio de unos pocos.