El conflicto de las jaulas marinas persiste y se extiende: Un modelo apoyado por las instituciones a pesar de su cuestionamiento social (2019–2024)
2019: Imagen desastrosa de la acuicultura intensiva y rechazo continuado en Telde
El año 2019 dejó una nueva imagen alarmante de la realidad de la acuicultura intensiva en Canarias. La deriva de una jaula de grandes dimensiones frente a la costa sur de Gran Canaria, que tuvo que ser retirada por Salvamento Marítimo, evidenciando riesgos no solo ambientales sino también para la navegación.
Por otro lado, en Telde, un grupo político lleva al pleno del Ayuntamiento, una vez más, el rechazo social que venía gestándose y consolidándose durante 20 años.
El líder de dicho grupo político decía recoger el “sentir de los vecinos” de que se debían retirar las jaulas frente a la punta de Salinetas porque “la actividad no genera beneficio alguno al municipio y perjudica el entorno”.
Una demostración más de lo que hemos vivido en 2025 y a principios de 2026, no es un conflicto nuevo, sino la continuación de una problemática que se arrastra desde hace décadas, por mucho que algunos digan lo contrario.
2020–2021: La institucionalización del modelo depredador frente a la oposición social
Lejos de corregir el rumbo, los años 2020 y 2021 consolidan institucionalmente el modelo de acuicultura intensiva y depredador en Canarias. La aprobación del desarrollo del PROAC y la ordenación detallada de la zona ZIA-GC-4 suponen, en la práctica, la normalización de la presencia de jaulas marinas frente a la costa de Telde.
Este proceso administrativo se acompaña de nuevas concesiones a gran escala, con proyectos que ocupan millones de metros cuadrados de superficie marina y previsiones de producción intensiva. En Telde, estas concesiones se sitúan frente a enclaves altamente sensibles entre Salinetas y Morro Gordo, reforzando la presión sobre un litoral ya afectado históricamente.
La concesión de jaulas marinas frente a Salinetas y Morro Gordo evidencia hasta qué punto el modelo resulta desequilibrado: se fija un canon mínimo de apenas 15.000 euros anuales —incluso con bonificaciones y periodos de carencia— para ocupar durante décadas un espacio marino público de enorme valor ambiental y social. Una cantidad irrisoria si se compara con los impactos generados sobre el ecosistema, el deterioro de la calidad de las aguas, los cierres de playas o la afección al uso ciudadano del litoral. Además del ahorro económico que supone para las concesionarias ya que se ahorran la oxigenación y renovación de las aguas,
En la práctica, este canon no compensa ni de lejos los costes ambientales que asume la sociedad, ni los gastos que la empresa se ahorra al utilizar el mar como sistema de oxigenación y renovación de las aguas, así como así como el tratamiento de los efluentes y residuos generados que van directamente al mar, que una instalación en tierra sí tendría que costear. Se privatizan los beneficios mientras se socializan los impactos, consolidando un modelo claramente injusto y difícilmente justificable desde el interés general.
Mientras, los vecinos y vecinas presentan has 280 alegaciones contra las nuevas concesiones, colectivos ecologistas denuncian los impactos acumulativos, el propio Ayuntamiento de Telde aprobó por unanimidad solicitar el alejamiento de las jaulas y diversas fuerzas políticas muestran su rechazo a nuevas concesiones, el Gobierno de Canarias concede a Aquanaria la nueva autorización para desarrollar instalaciones de acuicultura frente a la costa de Telde, entre Salinetas y Morro Gordo. Con 1,9 millones de m² de superficie marina ocupada y una producción superior a 4.000 toneladas de pescado.
Se sigue así consolidando el escenario de clara desconexión entre la planificación institucional, plegada a los intereses privados y coloniales de los fondos de inversión de capital riesgo, frente a la realidad social y ambiental del territorio.
2022: El conflicto con el modelo de las Jaulas marinas se hace protagonista en Lanzarote
Si Telde representa la persistencia agónica del problema, Lanzarote se convierte en 2022 en el ejemplo más evidente de sus contradicciones.
En Playa Quemada, las jaulas marinas continúan operando pese a tener la concesión caducada desde agosto de 2021 y a estar ubicadas en una zona que el propio plan regional considera no apta. La situación deriva en un conflicto en diferentes dimensiones:
- Irregularidad administrativa prolongada en el tiempo.
- Evidencias científicas de deterioro ambiental (regresión de sebadales, acumulación de materia orgánica, proliferación de cianobacterias).
- Fuerte oposición vecinal y municipal
- Enfrentamiento entre administraciones.
- Judicialización del proceso.
Este caso pone de manifiesto un patrón preocupante: la dificultad —o falta de voluntad— de las administraciones para hacer cumplir la normativa cuando entran en juego los intereses de grandes poderes económicos.
La acuicultura intensiva deja de ser un simple debate sectorial para convertirse en un problema de gobernanza ambiental.
En este caso sí se consiguió que el Gobierno de Canarias no le diera una prórroga extraordinaria a la empresa concesionaria, Yaizatún. Ante esto la empresa concesionaria recurrió en los tribunales la resolución del Gobierno de Canarias.
Finalmente, en octubre de 2025, poco antes de los incidentes de Telde, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la denegación de la prórroga extraordinaria para seguir produciendo dorada y lubina en el municipio de Yaiza. Un gran éxito social y ambiental.
2023 – 2024: En Telde se vuelven a repetir los episodios de contaminación crónica
En noviembre de 2023, el litoral de Telde se vuelve a ver afectado, una vez más como casi cada año, por nuevos episodios de contaminación. La aparición de residuos blanquecinos en la playa de Melenara, documentados mediante imágenes y vídeos, vuelven a evidenciar de forma directa la conexión entre las jaulas marinas y la degradación del litoral.
La acumulación de materia orgánica bajo las jaulas que, como se ha venido demostrando año tras año, en determinadas condiciones de mar y de los vientos, es transportada hasta la costa. Nunca se ha tratado de hechos aislados, sino de manifestaciones visibles de un proceso continuado y persistente.
La reacción de Colectivos como Turcón es inmediata reclamando, nuevamente, el traslado de las instalaciones mar adentro, recordando que esta medida ya está contemplada en la planificación pero no se ha ejecutado de forma efectiva. La repetición de estas demandas evidencia una constante: las soluciones propuestas llevan años sobre la mesa, pero no se materializan. No obstante, vistas las últimas experiencias ya no basta con el alejamiento de las jaulas, directamente es necesario eliminar esta actividad, al menos en las zonas prohibidas.
En julio de 2024, nuevas manchas aparecen en el mar en Salinetas, atribuidas por los vecinos a residuos de la piscifactoría. Todo esto refuerza la sensación de que la contaminación ha pasado casi a formar parte de la cotidianeidad de cada año.
Este ha sido uno de los aspectos más preocupantes: la progresiva normalización del impacto y la impasividad de las administraciones públicas que han mirado siempre para otro lado. La afección a las playas de Telde se percibe como algo recurrente, casi inevitable. Sin embargo, esto nunca ha implicado aceptación, sino desgaste y hartazgo social tras años de conflicto no resuelto y que estallará de forma contundente y cargado de autoridad moral en octubre de 2025.
Conclusión (con perspectiva 2025): la memoria frente al relato interesado
El periodo 2019–2024 confirma la persistencia de los impactos asociados a las jaulas marinas en Canarias, especialmente en Telde.
El caso de Lanzarote, cuya resolución judicial en 2025 avala la retirada de instalaciones en zona prohibida, actúa como un punto de inflexión. Lo que durante años fue denunciado por vecinos y colectivos ecologistas termina siendo reconocido por los tribunales: la actividad no solo generaba conflicto social, sino que incumplía criterios básicos de legalidad y protección ambiental.
Mientras tanto, en Telde, más de 25 años de episodios documentados —vertidos, residuos, afección a playas, conflictos institucionales y sociales— dibujan una realidad difícil de cuestionar. Frente a ello, el discurso dominante, sostenido desde ámbitos académicos, políticos y empresariales, insiste en presentar la acuicultura como una actividad sostenible, controlada y compatible con el medio.
Sin embargo, la experiencia acumulada en el territorio apunta en otra dirección. La reiteración de episodios, la falta de soluciones efectivas y la creciente contestación social evidencian que los problemas no son puntuales, sino inherentes al modelo implantado.
La diferencia, en última instancia, radica en la memoria. Una memoria colectiva construida durante más de dos décadas, que permite cargarnos de razones, identificar responsabilidades y cuestionar relatos interesados que no se corresponden con la realidad que vivimos año tras año.
Referencias
- Teldeactualidad (22/03/2019). Jaula de piscifactoría a la deriva en Gran Canaria.
- Teldeactualidad (27/09/2019). Solicitud de retirada de jaulas en Melenara.
- Boletín Oficial de Canarias (24/03/2021). Ordenación ZIA-GC-4 (PROAC).
- Canarias Ahora (27/03/2021). Debate sobre regulación de la acuicultura.
- Teldeactualidad (10/07/2021). Concurso de concesión acuícola en Telde.
- La Provincia / Diario de Las Palmas (12/12/2021). Nuevas piscifactorías en Salinetas.
- Teldeactualidad (14/12/2021). Rechazo político a nuevas jaulas.
- Teldeactualidad (27/12/2021). Acuerdo plenario sobre alejamiento de jaulas.
- Diario de Lanzarote (2022). Conflicto de Playa Quemada (varias referencias).
- Canarias Ahora (25/12/2022). Jaulas sin concesión en zona prohibida.
- Material audiovisual y denuncias de Turcón (noviembre 2023).
- Canarias 7 (28/11/2023). Solicitud de traslado de jaulas.
- Teldeactualidad (02/07/2024). Manchas en Salinetas.
- Canarias Ahora (05/10/2025). Sentencia sobre retirada de jaulas en Lanzarote.
Consuelo Jorges López
PRESIDENTA DEL COLECTIVO TURCÓN-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
