El colectivo ecologista advierte de los riesgos para los fondos marinos, las aves protegidas y la pesca artesanal, y reclama preservar uno de los tramos del litoral grancanario mejor conservados. La organización ha presentado un amplio documento de alegaciones contra el proyecto de instalación de una explotación acuícola promovida por Gran Canaria Bass Company, S.L., en la zona marítima ZIA-GC-9, frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara.
La iniciativa contempla la instalación de 24 jaulas marinas para el cultivo intensivo de lubina, con una ocupación aproximada de 47,2 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre. Para Turcón, la dimensión de esta infraestructura y su localización en un entorno de elevado valor ecológico hacen necesario aplicar el principio de precaución y descartar una actuación cuyos efectos sobre el medio marino y las actividades tradicionales no están suficientemente garantizados.
El colectivo considera que la implantación de esta macroinstalación industrial resulta difícilmente compatible con los valores naturales y paisajísticos de este sector de Gran Canaria, integrado en la Reserva de la Biosfera y próximo a espacios de la Red Natura 2000. Asimismo, advierte de que el proyecto debe analizarse teniendo en cuenta la propuesta de declaración del Parque Nacional marítimo-terrestre de Guguy, cuyos valores incluyen la conservación de los fondos marinos, los sebadales, la fauna marina y la naturalidad del litoral. A juicio de Turcón, la evaluación ambiental no puede limitarse a comprobar si las instalaciones quedan fuera de los límites administrativos de los espacios protegidos, sino que debe estudiar sus posibles efectos indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el conjunto del ecosistema.
RIESGOS PARA LOS FONDOS MARINOS Y LA BIODIVERSIDAD
Entre las principales preocupaciones señaladas por Turcón figura la ocupación del hábitat de interés comunitario 1110, correspondiente a bancos de arena cubiertos permanentemente por aguas marinas poco profundas. Los sistemas de fondeo, anclajes, cadenas y demás elementos necesarios para mantener las jaulas pueden alterar físicamente el fondo marino, mientras que los restos de pienso y las excretas de los peces pueden favorecer la acumulación de materia orgánica y modificar las condiciones químicas y biológicas de los sedimentos.
Las alegaciones también ponen el foco en la producción prevista de residuos y en la necesidad de evaluar rigurosamente la capacidad del medio para asimilarlos. Según los datos recogidos en el estudio de impacto ambiental analizado por Turcón, la instalación podría generar unas 740 toneladas anuales de materia orgánica particulada. El colectivo reclama que se cuantifiquen los efectos de estos aportes y se estudien las consecuencias de situaciones especialmente desfavorables, como los periodos prolongados de calma, las elevadas temperaturas del agua o los episodios meteorológicos extremos.
Otro aspecto destacado es la posible afección a las aves marinas, especialmente a la pardela cenicienta atlántica, presente en el litoral occidental de Gran Canaria. Turcón considera necesario profundizar en el análisis de los riesgos asociados a la iluminación de las instalaciones, las colisiones y las alteraciones de las condiciones de alimentación. Asimismo, solicita evaluar el ruido submarino generado por los equipos y las embarcaciones auxiliares, así como la degradación de redes, cabos y otros materiales plásticos y su potencial contribución a la contaminación marina.
DEFENSA DE LA PESCA ARTESANAL Y DEL PATRIMONIO NATURAL
La propuesta también plantea un conflicto entre los usos del dominio público marítimo. El espacio previsto para las jaulas es utilizado por pescadores artesanales vinculados a las cofradías de Agaete y por profesionales de La Aldea. Turcón advierte de que la ocupación de esta superficie podría restringir zonas de navegación y pesca, desplazar caladeros y aumentar los costes de actividad, por lo que solicita un informe socioeconómico independiente que cuente con la participación efectiva de las cofradías y de los pescadores afectados.
Para la organización, la consideración de una zona como apta para la acuicultura no implica que carezca de otros valores ambientales, económicos o culturales. Por ello, cuestiona que la planificación acuícola pueda convertirse en una justificación automática para autorizar cualquier instalación sin una evaluación individualizada de sus consecuencias.
Turcón considera igualmente necesario valorar los servicios ecosistémicos que proporciona el medio marino, como la renovación y oxigenación natural del agua y su capacidad limitada para procesar residuos. A juicio del colectivo, los costes de prevención, vigilancia, restauración y compensación ambiental deben incorporarse al análisis económico del proyecto, evitando que sus posibles consecuencias recaigan sobre el patrimonio público y la sociedad.
TURCÓN SOLICITA QUE NO SE AUTORICE EL PROYECTO
En sus alegaciones, el colectivo solicita a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y deniegue la concesión acuícola solicitada. También propone revisar la ordenación de la zona ZIA-GC-9 para estudiar su exclusión de las áreas destinadas a la acuicultura intensiva, priorizando la conservación ambiental y la compatibilidad con la pesca artesanal.
La organización ecologista defiende que el litoral occidental de Gran Canaria constituye un patrimonio natural de gran valor, cuya conservación debe prevalecer cuando no se haya demostrado suficientemente la ausencia de efectos perjudiciales significativos. Por ello, reclama que la decisión administrativa tenga en cuenta no solo las dimensiones de la explotación y su viabilidad productiva, sino también los riesgos ambientales, las actividades tradicionales y las oportunidades de futuro vinculadas a la preservación de este espacio.
Turcón-Ecologistas en Acción considera que el mar no puede entenderse únicamente como un espacio disponible para la explotación industrial. Su biodiversidad, sus fondos, sus paisajes y los recursos que sostienen a las comunidades locales constituyen un patrimonio colectivo que debe protegerse para las generaciones presentes y futuras.
