La Demarcación de Costas comunica oficialmente que la ejecución del acto impugnado queda suspendida al no haber resuelto en plazo la solicitud presentada por los ecologistas. Los colectivos recuerdan que el Hotel RIU Palace Tres Islas ocupa dominio público marítimo-terrestre dentro del espacio natural de las Dunas de Corralejo y reclaman que se garantice la protección efectiva del litoral
La situación administrativa del Hotel RIU Palace Tres Islas, situado en el espacio de las Dunas de Corralejo, experimenta un nuevo episodio tras la comunicación remitida por la Demarcación de Costas de Canarias a Turcón-Ecologistas en Acción.
El escrito oficial, firmado el 21 de septiembre de 2026, comunica que, al haber transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de suspensión de la ejecución sin que el órgano competente haya dictado y notificado una resolución expresa, la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida, de acuerdo con el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.
Para Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción, esta comunicación constituye un nuevo elemento relevante en un procedimiento que afecta a uno de los enclaves litorales de mayor valor ambiental de Fuerteventura.
Costas autoriza la reforma, pero rechaza las seis nuevas habitaciones
La decisión conocida a principios de septiembre autorizó parte del proyecto de modernización y reforma presentado por el establecimiento hotelero, pero no autorizó la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta.
Según la información publicada sobre la resolución, Costas considera que esas nuevas estancias supondrían una modificación de los usos contemplados en la concesión y que dichos usos están expresamente prohibidos por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.
La resolución sí contempla la posibilidad de ejecutar diferentes actuaciones de modernización, entre ellas mejoras de accesibilidad, climatización, instalaciones contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, sustitución de ascensores, renovación eléctrica, reforma de espacios interiores, actuaciones en piscinas y otras intervenciones.
Los ecologistas consideran necesario, no obstante, distinguir entre las actuaciones de mantenimiento o mejora que puedan resultar compatibles con el régimen concesional y aquellas que supongan una transformación o ampliación de los usos autorizados.
Un hotel situado en dominio público marítimo-terrestre
Turcón y Ben Magec recuerdan que el establecimiento se encuentra sobre terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, en el ámbito de las Dunas de Corralejo.
La concesión otorgada en 2007 tiene vigencia hasta 2037 y, según la documentación publicada, no permite obras que impliquen un aumento de volumen, sino intervenciones de reparación y mejora sujetas a autorización previa. El espacio donde se ubica el complejo forma además parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000 y con presencia de hábitats de interés comunitario, incluido uno prioritario.
Precisamente por ello, los colectivos ecologistas habían presentado alegaciones al procedimiento ambiental de la modernización y reforma, cuestionando la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la protección del dominio público y del entorno natural.
La sexta planta, en el origen de la controversia
La propia resolución de Costas sitúa la construcción de las habitaciones de la sexta planta entre los antecedentes que motivaron los procedimientos de caducidad de la concesión.
Según la información publicada, en 2007 se autorizaron obras de mantenimiento sin incremento del volumen construido, pero posteriormente se detectó un exceso de casi 3.000 metros cuadrados, lo que dio lugar a un expediente sancionador y a la exigencia de restitución.
El expediente de caducidad llegó a culminarse en 2023, aunque posteriormente caducó sin ejecutarse, circunstancia que fue denunciada públicamente por Ecologistas en Acción.
La documentación también recoge que, tras un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original antes que declarar la extinción de la concesión. Según la información publicada, en 2025 se iniciaron las obras de restitución y en febrero de 2026 Costas constató el cumplimiento de las actuaciones requeridas.
Turcón reclama que la protección del dominio público sea el criterio central
Ante esta nueva situación, Turcón-Ecologistas en Acción considera que la suspensión comunicada por Costas debe servir para garantizar que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y que la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural prevalezca como criterio esencial de actuación administrativa.
Los ecologistas sostienen que la cuestión no puede reducirse únicamente a determinar qué obras de reforma son técnicamente posibles, sino que debe analizarse el conjunto de actuaciones dentro del régimen jurídico de la concesión y de la protección ambiental que afecta al enclave.
En sus alegaciones, Turcón y Ben Magec ya habían reclamado que las administraciones actuasen conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general, incluyendo la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros situados en este ámbito de las Dunas de Corralejo.
Para los colectivos ecologistas, las Dunas de Corralejo no son simplemente el escenario donde se levanta un establecimiento turístico: son un espacio natural protegido cuyo valor ambiental obliga a que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre sea examinada con el máximo rigor.
