El colectivo ha logrado por sentencias de las diferentes Salas de lo Contencioso Administrativo, en tres ocasiones, sentencias que determinan el derecho a recibir u obtener la asistencia letrada gratuita en materia de medio ambiente, para lograr de las diferentes administraciones la información que se le solicita y es negada sistemáticamente.
El colectivo entiende que después de tres sentencias del Contencioso contrarias a los postulados del Colegio de Abogados, de la Comisión Jurídica de Asistencia Letrada y del Diputado Comisionado del Turno de Oficio, entendemos que no se nos debe de poner trabas para acceder a las solicitudes de Abogado de Oficio.
Nos han llegado a tachar en esa administración de “abusar” del Turno de Oficio y nuestra respuesta es simple; el abuso es de la administración a la que le solicitamos información de carácter medioambiental y nos tratan de aplicar el silencio administrativo o sea no contestan.
Pero la ley 27/2006 de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la Información, de participación y de acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, ley en la que nos apoyamos, el silencio administrativo lo resuelve como “positivo” o sea un derecho adquirido, pero no materializado. Es más, para evidenciar ese silencio, para que no puedan alegar “perdida, extravío de documento” (como ya han alegado), presentamos escrito de “Certificación de Actos Presuntos”. Por el mismo se entiende y de no contestar, no responder a lo solicitado, del fracaso administrativo, de lo inoperativo de la administración o acto de mala fe y por tanto de dejar claro de las responsabilidades administrativas que se contraen por negar un derecho básico, derecho reconocido pero no materializado.
El colectivo entiende y visto de que las malas prácticas se siguen dando “negar un derecho básico” la autoridad judicial, ha de pedir, exigir a la administración responsabilidad grave al funcionario, técnico o político, que teniendo potestad de la información, la negara.
El colmo de lo irracional, es ahora el Colegio de Abogados, su Comisión Jurídica y por último su Diputado Comisionado del Turno de Oficio quién hace de barrera, ahora ante la administración.
El colectivo pondrá próximamente en conocimiento del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Excmo. Sr. D. Aarón Afonso González. De persistir estas actitudes el colectivo acudirá ante la Fiscalía de Medio Ambiente y pondrá ante la autoridad de la Fiscalía el problema que sufrimos por si se pudiera determinar indicios racionales de presunta comisión de delito.
Igualmente de no resolverse el problema que denunciamos en esta nota de prensa, acudiremos al defensor del pueblo Europeo y que formule queja formal contra el Gobierno de Canarias por incumplimiento de la Directiva Europea de la que fue transpuesta la Ley 27/2006 e incumplimiento del tratado de Aarhus, firmado por el Gobierno Español y madre de dicha directiva.