Algo muy grave está ocurriendo en este país cuando el Gobierno, en manos del Partido Popular, se jacta de utilizar los medios públicos de la Armada española para defender los intereses privados de una transnacional petrolera, atacando y agrediendo indiscriminadamente a los activistas de Greenpeace del barco Artic Sunrise.
Es necesario recordar que el Artic Sunrise es un barco adquirido por Greenpeace en 1995 y que lleva casi 20 realizando acciones con vocación de servicio público en defensa del medio ambiente y el interés general. Inició su trayectoria recorriendo instalaciones petrolíferas en el Mar del Norte, para después incorporarse a la campaña en defensa del Mediterráneo. En España ha participado en la defensa del litoral frente a la especulación, documentando la pesca de inmaduros e impidiendo la pesca con redes de deriva ilegales. En 2005 ya estuvo en Canarias durante 9 días: en Tenerife denunció el proyecto del puerto de Granadilla y en Fuerteventura solicitó la creación de un Parque Nacional en el norte de la isla.
En cambio REPSOL es en realidad una transnacional privada cuyo accionariado está, en su mayoría, en manos de capital y fondos de inversión extranjeros, no dedicados ni siquiera a negocios energético, sino a dar valor al capital de sus accionistas, importándoles muy poco el origen de la actividad o las consecuencias sobre la sociedad y el entorno. No se justifica la defensa de REPSOL por parte de la Armada española, a lo que no era más que un acto reivindicativo y pacífico, atacando de forma violenta y temeraria a los activistas del Artic Sunrise.
Es como si el Gobierno español defendiera y fomentara la piratería.
No debemos olvidar que los privilegios que se le quieren dar a este conglomerado financiero que es REPSOL, en contra de la opinión de gran parte de la sociedad de las islas Canarias manifestada en numerosas ocasiones, ponen en cuestión el espíritu democrático de este Gobierno comandado por el Partido Popular, ya que si REPSOL consiguiera concesión de explotación de hidrocarburos en la zona, la normativa española le aportaría el derecho de realizar en exclusiva la explotación del supuesto yacimiento de hidrocarburos por un período que podría llegar, como mínimo, hasta los 30 años. Mucho más allá de la responsabilidad del cualquier gobierno democrático. REPSOL obtendría el derecho a continuar las actividades de investigación en dicha áreas, a vender libremente los hidrocarburos obtenidos y lo que todavía es más grave, tendría derecho a demandar indemnización a cualquier gobierno que quisiera reconducir la situación. Por ello es importante seguir luchando y no cejar en el intento hasta que consigamos quitar del horizonte cualquier perspectiva a ninguna multinacional en el entorno.
Artículo de opinión de Gilberto Martel Rodríguez
Ingeniero del Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción
