El ministro de Industria, Energía y Turismo (PP) muestra su solidaridad con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), pero no con las Islas.
Fuente: Redacción universocanario.com
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), mostraba recientemente su «solidaridad» con el pueblo valenciano a raíz del interés de que se realizaran prospecciones petrolíferas en la costa de El Saler, en Valencia.
Lo hacía ante la alcaldesa de la Ciudad, Rita Barberá (PP), con el objetivo de impedir prospecciones petrolíferas en la zona al entender que «estos sondeos se van a realizar «en el importante canal turístico que une la Comunitat Valenciana con Baleares».
Según declaraciones de la propia Rita Barberá, el compromiso de Soria llega al punto de ofreció la colaboración «para redactar el Reglamento de la Ley de Costas» con el objetivo de paralizar cualquier intento.
Precisamente, el propio José Manuel Soria aseguró el pasado 3 de enero, en referencia al caso de Canarias, que «estas fueron paralizadas hace unos ochos años pero ya están salvados los obstáculos que había para que continuarán», a pesar de la similitud de este caso con el de Valencia, cuyo motor económico se sustenta en el sector turístico.
Llama poderosamente la atención el que en una Comunidad Autónoma se autorice y en otra se prohíba, cuando ambas argumentan lo mismo; el interés turístico internacional y el medio ambiente, lo que lleva a más de uno a mirar el mapa político y las coincidencias de las siglas.
El diputado y portavoz de Turismo del Partido Popular, Enrique Fajarnés, y el senador José Sala expresaron ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la negativa de las instituciones pitiusas a las prospecciones petrolíferas en el canal entre la costa de Valencia y Eivissa, según un comunicado remitido por el diputado ibicenco el pasado día 27 de enero.
Fajarnés manifestó su «satisfacción por la decisión, contestación y predisposición del ministro José Manuel Soria y de los secretarios de Estado por solucionar un problema que nos había metido el gobierno anterior y que tanto podría perjudicar al turismo, al medio ambiente y a la imagen de Balears».
El Partido Popular argumenta su negativa al interés turístico de la zona y a la riqueza natural que esconden sus aguas mediterráneas, precisamente las mismas que las aguas del archipiélago canario.
RIQUEZA NATURAL EN CANARIAS
En la zona en la que se pretenden autorizar los estudios, entre Lanzarote y Fuerteventura, existen de más de una decena de Espacios Naturales Protegidos, incluidos algunos de ellos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, tales como el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, primer espacio declarado por el Gobierno de Canarias en el año 1986, la Reserva Integral del Roque del Este, el Monumento Natural del Malpaís de la Corona, Sitio de Interés Científico de los Jameos del Agua, Paisaje Protegido del Barranco de Teneguime, el Monumento Natural de los Ajaches, el Parque Natural de la isla de Lobos, Parque Natural de las Dunas de Corralejo, Monumento Natural de los Cuchillo de Vigán, Parque Natural de Jandía y Sitio de Interés Científico del Matorral en el Saladar de Jandía.La propia multinacional publicaba en su página web un estudio, en la actualidad eliminado, sobre los valores ambientales de la zona afectada, asegurando que en ella existen cerca de una decena de especies de mamíferos marinos, de las veintiséis que se han documentado en Canarias.
Señalaban además que el área de las autorizaciones es el paso de las tortugas marinas hacia el Caribe en su recorrido anual. Se documentaba, incluso, la existencia de un interesante banco de merluza y sin lugar a dudas la técnica de la captura de los túnidos en Canarias, con cebo vivo se vería afectada por la instalación de las plataformas al competir en el mismo espacio.
Lo cierto es que la zona en la que se pretende llevar a cabo las prospecciones y posterior extracción de petróleo, está afectada por dos aspectos básicos de las características biogeográficas de Canarias. La corriente marina fría de Canarias, que se desarrolla su recorrido norte sur entre la costa de Marruecos y las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El otro aspecto son los vientos alisios procedentes del Anticiclón de las Azores que en superficie alcanza a Canarias, provocando un viento constante de dirección noreste. Esas dos características provocan que llegue a las costas de las dos islas cualquier tipo de contaminación marina que se desarrolle en la zona.
LAS INICIATIVAS DE CONTROL SOLO SALEN DE CANARIAS
Los actuales diputados nacionalistas canarios, Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC), han sido los únicos en preparar una nueva batería de medidas en el Congreso de los Diputados, que tienen como principal objetivo el lograr una información que por el momento solo conoce el Gobierno de España.
Oramas ha presentado varias preguntas dirigidas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las que solicita que abra una línea de diálogo con el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura sobre las prospecciones petrolíferas que pretende retomar frente a las costas de ambas Islas.
Oramas pregunta al Gobierno del Estado sobre las líneas de comunicación que abrirá con las instituciones canarias para abordar un asunto que, según la diputada nacionalista, debe ser consensuado con la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares y debe contar con los requisitos medioambientales necesarios antes de ser autorizadas.
La diputada de CC también reclama que el Ministerio de Industria desvele cuál es la hoja de ruta que se ha trazado con respecto a rescatar las nueve autorizaciones otorgadas en 2001 a la compañía Repsol.
REPSOL NO ES LA ÚNICA INTERESADA
Según ha podido saber UNIVERSOCANARIO.COM, en este 2012, otra compañía australiana, comenzará trabajos de perforaciones en aguas de Marruecos, en una zona cercana a las que afectan a las Islas, y que interesan a REPSOL YPF.
En concreto se trata de Tangiers Petroleum Limiteds, empresa a la que el gobierno de Marruecos ha otorgado ocho permisos para iniciar la explotación petrolífera en aguas del Océano Atlántico, frente a las costas de Tarfaya, y a escasos 50 kilómetros de Canarias y más en concreto, de Lanzarote y Fuerteventura.
Marruecos anunciaba los permisos el pasado 13 de noviembre, en plena vorágine electoralista en España, lo que provocó un silencio absoluto desde Madrid.
Según las estimaciones de la petrolera, en la explotación offshore (mar adentro) de Tarfalla tiene un potencial de mil millones de barriles de petróleo.
En su página web, la compañía asegura que Marruecos es un lugar excelente para hacer negocios. «Es políticamente estable, fomenta la inversión extranjera y ofrece excelentes condiciones fiscales para el sector de petróleo y gas. Hay 10 años de exenciones de impuestos de sociedades en cada descubrimiento de la exploración, no hay IVA o GST, y el 10% de bonificación sobre el petróleo y el 5% en el gas. Además, Marruecos es un importador neto de petróleo y gas y paga el precio de paridad del petróleo», dicen en su afán de buscar socios.
Precisamente el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pedía recientemente que se realizara «de una vez por todas», la línea marítima que separara a Marruecos de Canarias, al objeto de tener claro las competencias en esta materia, algo que permanece aún sin causa oficial y, por lo tanto, legal.
AGUAS CANARIAS
El viejo problema de las aguas canarias, surgió de los acuerdos de la Convención del Mar de 1980.
Entonces, el Gobierno de UCD, presidido por Adolfo Suárez, no dio un voto al Tratado sobre el Derecho en el Mar y las aguas ‘interiores’ canarias, las que se localizan entre las islas, pasaron a ser consideradas aguas internacionales, por lo que cualquier barco podía pasar por ellas sin ningún tipo de control.
En Canarias, dada la cercanía de algunas islas entre sí, la distancia es inferior a las 12 millas, por lo que esas ‘aguas interiores’ fueron consideradas aguas internacionales y no aguas españolas o canarias, para facilitar el tráfico marítimo.
El lograr el impulso definitivo en 2010 para que Canarias tuvieran sus ansiadas aguas, fue todo un logro, perseguido durante más de 30 años y tras más de 40 iniciativas parlamentarias presentadas sobre la delimitación de las aguas canarias; desde preguntas escritas y orales a comparecencias, mociones, interpelaciones, en su mayoría impulsadas por los diputados y senadores de Coalición Canaria, en especial los senadores Victoriano Ríos y Miguel Ángel Barbuzano.
Según refleja el propio texto, «este es un tema de extraordinaria importancia tanto para Canarias como para el Estado español, que no puede seguir dilatándose sin perjuicio, especialmente, de todos los canarios, que tienen derecho a que las aguas estén claramente perfiladas, por razones de muy variado tipo que afectan, sobre todo, a la seguridad, a la protección medioambiental y a los recursos de dichas aguas».
Precisamente el artículo 132.2 de la Constitución española considera bien de dominio público estatal tanto al mar territorial como a los recursos naturales de la zona económica exclusiva, lo que viene a significar la competencia del Estado para su delimitación, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional que regulen la materia. Un derecho que nunca ejerció hasta el pasado 2010.
Gracias a ella, a la Ley 44/2010 de aguas canarias, el Gobierno de Canarias sería el competente en la pesca en las aguas interiores, las energías alternativas vinculadas al mar, los vertidos, la protección del medio marino, cables eléctricos o de telecomunicaciones o, la parte que ahora nos toca, las prospecciones petrolíferas, pero siempre en el mar interior y no donde se localizan las planeadas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
