Ante la sentencia del Tribunal Supremo, Ben Magec – Ecologistas en Acción se reafirma en sus argumentos contra las prospecciones y anuncia futuras actuaciones tanto a nivel jurídico como social. Anima a la población a mantener el pulso de la oposición ciudadana.
Tras el anuncio de la desestimación de los recursos presentados contra el decreto de autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, Ben Magec – Ecologistas en Acción lamenta que el fallo del Tribunal Supremo no haya recogido los sólidos argumentos esgrimidos de nada menos que siete equipo de abogados, en los cuales se constata la ilegalidad del RD 547 de 16 de marzo de 2012. Una vez reciba el fallo judicial, la Federación ecologista estudiará su argumentación y detallará sus contenidos, su repercusión, y las próximas medidas a adoptar. Sin embargo, adelanta que la vía jurídica no está cerrada puesto que el expediente de autorización de las prospecciones es un “enorme despropósito jurídico lleno de lagunas y de irregularidades”.
Por otra parte, sostienen que el pulso social contra las prospecciones no debe decaer, y de hecho ya se están planificando acciones de respuesta que visibilicen la oposición ciudadana en toda Canarias. “Esto es así”, advierten, “porque en todo este procedimiento se está evidenciando el enorme déficit democrático que padecemos y al que hay que hacer frente como un deber cívico”. Ben Magec – Ecologistas en Acción sostiene su afirmación en el hecho de que sea necesario recurrir constantemente a la vía judicial para “frenar proyectos que cuentan con el rechazo mayoritario y evidente de una ciudadanía que no está teniendo otra forma de ser escuchada, a pesar de haber organizado las manifestaciones más masivas de la historia de Canarias”, y también porque en este caso concreto “se está poniendo en entredicho muy claramente la independencia de los poderes del Estado”.
Por último y en este sentido, piden al Gobierno de Canarias que acelere todos los trámites necesarios para que se ejecute el referéndum, dado que “no se le ha preguntado a la ciudadanía canaria si quiere prospecciones en sus aguas sino que se ha funcionado a golpe de real decreto, por imposición, ninguneando a la población que será la principal afectada por los riesgos que son consustanciales a la propia industria petrolera, siendo ésa una de las principales causas de una indignación que sabrá no solo paralizar este despropósito, sino transitar hacia un nuevo modelo energético limpio, sostenible y democrático”.
