Fuente: Expansión.com

La crisis ha encendido el espíritu verde. Las energías limpias, los transportes colectivos, el ahorro y las empresas responsables configuran a grandes rasgos lo que en España se ha bautizado como Economía Sostenible.

Otro de los soportes de este paradigma al que el Gobierno y las comunidades no renuncian es la fiscalidad verde. Sobre todo, en un momento en el que las arcas del Estado hacen aguas –el déficit supera los 110.000 millones de euros–.

El medio ambiente ha descubierto resquicios para nuevos tributos y las comunidades están imprimiéndolos al máximo. En 2010, Cantabria ha creado un impuesto sobre los residuos; Galicia, un canon sobre las eólicas; ocho autonomías han endurecido el canon sobre el agua y el saneamiento; Aragón ha modificado su regulación de los impuestos ambientales que gravan el transporte por cable, las grandes superficies comerciales y las emisiones de gases; mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura han pulido los tributos que castigan las instalaciones y actividades que “inciden” en la naturaleza.

El resultado es un variopinto mapa de impuestos propios (más de 30 normas fiscales distintas) que afectan al agua, la emisión de gases, el transporte, actividades industriales, etc. La última reforma de la financiación autonómica ha ampliado la capacidad de las comunidades para buscar nuevos hechos imponibles y lanzar tributos. Y muchos señalan al medio ambiente como una tierra fértil.

El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Jesús Sanmartín, argumenta que el problema es que “nadie está examinando el efecto real de estos tributos sobre la actividad”. En su opinión, la fiscalidad verde “es una posibilidad” a medio plazo.Pero su desarrollo “irá muy despacio porque cuesta mucho hallar nuevos hechos imponibles sin distorsionar los mercados”.

El director general de Tributos de la Región de Murcia, Miguel Ángel Blanes, añade que el límite para el desarrollo de nuevos impuestos verdes autonómicos está en los ayuntamientos.

Blanes reconoce que las comunidades recaudan “bastante dinero” con figuras como la del canon del agua. Pero invita a poner en contexto el propósito de la fiscalidad verde: “El impuesto medio- ambiental ideal es el que cobra cero. Es decir, el que introduce un factor corrector” sobre los hábitos de consumo o producción. “Además, son impuestos finalistas”, añade, porque su recaudación cubre el impacto de esas actividades sobre la naturaleza.

Xavier Labandeira, experto del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, admite que la fiscalidad verde no es la “panacea” para solventar los problemas actuales de la Hacienda pública. Pero no renuncia a diseñar tributos verdes que generen “incentivos” para reducir la contaminación y, a su vez, estimulen “a medio plazo la recaudación”.

En su opinión, “España tiene margen” para el desarrollo de la fiscalidad verde en ámbitos como “las basuras, el agua, o los hidrocarburos”. Sobre todo, a través de impuestos cedidos a las comunidades como los Especiales.

La reforma de la financiación otorga a las autonomías más poder para avanzar en estos tributos

Lo que hay que evitar, en su opinión, son tasas como la nueva de basuras en Madrid. Labandeira cree que no “genera ningún incentivo para reducir la basura” o reciclar los residuos, ya que castiga a todos contribuyentes sin diferenciar el comportamiento.

Un mapa variopinto
Agua y saneamiento
Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Baleares, Valencia y Madrid han desarrollado impuestos o cánones especiales sobre el agua. Cataluña, por ejemplo, recauda la no despreciable cifra de 320 millones de euros. En muchas comunidades, además, han creado un canon centralizado de saneamiento y depuración de aguas residuales. Un ámbito que, en principio, es municipal, pero que gestiona de forma centralizada la comunidad.

Residuos
La producción, abandono o depósito de residuos en instalaciones controladas está gravado en Andalucía, Cataluña, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid. Andalucía y Murcia también penalizan los vertidos en las aguas del litoral. Además, hay impuestos diferentes por comunidades para los residuos en función del origen: industriales, peligrosos, radioactivos, de la construcción, etc.

Grandes superficies
Aragón, Asturias y Cataluña desarrollaron impuestos propios sobre el impacto ambiental de las grandes superficies. Todas ellas fueron recurridas ante la Justicia.

Gases contaminantes
Galicia, Andalucía, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha gravan la emisión de gases a la atmósfera.

Más originales
Galicia tiene un impuesto específico sobre el aprovechamiento del agua embalsada y las instalaciones eólicas; Aragón grava el transporte por cable; Extremadura, el uso cinegético; y Andalucía, la infrautilización de las tierras.