Ben Magec-Ecologistas en Acción ha presentado el pasado 19 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo la demanda el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, relativo a los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados a REPSOL Investigaciones Petrolíferas S.A.
- Demandas
Además de los aspectos formales (falta de muchos documentos que forman parte del expediente administrativo y que no han sido remitidos por el Ministerio de Industria al Tribunal Supremo), los argumentos más relevantes de la demanda se refieren a
- la competencia para el otorgamiento de los permisos de investigación, que, a nuestro juicio, corresponde al Gobierno de Canarias, y no a la Administración General del Estado,
- la imposibilidad legal de convalidación de un acto declarado nulo por una sentencia firme,
- la caducidad de los permisos de investigación otorgados en 2011, por haber transcurrido el plazo para su realización,
- omisión del procedimiento legalmente establecido, puesto que atendidas las circunstancias, debió iniciarse un nuevo procedimiento,
- insuficiencias no subsanables del proyecto de investigación presentado por REPSOL Investigaciones Petrolíferas S.A.,
- fraude de ley en el otorgamiento de los permisos de investigación, por infringir el límite máximo de superficie (100.000 hectáreas frente a las 653.658 autorizadas),
- infracción de la normativa europea en materia de información ambiental,
- infracción de la normativa europea en materia de evaluación ambiental,
- infracción de la normativa europea en materia de conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres,
- modificaciones sustanciales introducidas en el acto de convalidación (número de pozos a perforar y programa mínimo de inversiones).
Ecologistas en Acción espera que se haga justicia y que estas prospecciones petrolíferas queden, una vez más, paralizadas.
Consideran que supuestos beneficios económicos de una actividad basada en la contaminación del entrono y en la extracción de un combustible con fecha de caducidad no son en ningún caso suficientes para justificar que Canarias asuma una actividad con tanto riesgo.
Recuerdan que es absolutamente necesario abrir un debate público sobre el modelo energético que Canarias necesita y que debe estar basado en la máxima implantación de renovables de una manera descentralizada para que la producción energética no recaiga únicamente en manos de grandes compañías. Se debe dar prioridad a las medidas de ahorro y eficiencia energética que palíen los devastadores efectos del cambio climático.
Lamentan que en un momento en que la lógica nos invita a apostar por un futuro basado en energías renovables, más baratas, más generadoras de empleo y basadas en recursos inagotables y abundantes en nuestro archipiélago, las motivaciones económicas y los interesas privados sean la causa de que se esté apostando por caminos claramente contrarios como la explotación de petróleo por parte de la trasnacional Repsol, causante de catástrofes medioambientales y violación de los derechos humanos en otras partes del planeta, y también por la implantación de plantas regasificadoras contaminantes, peligrosas e incompatibles con la implantación de energías renovables
