Ojos de Garza recibe otra andanada de sentencias en contra. Ya hay cinco fallos que avalan otros tantos derribos.
Foto de la vista parcial de la playa de Ojos de Garza, con viviendas afectadas al fondo de la imagen. Foto de SANTI BLANCO
Fuente: ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ. La Provincia.es.
El desasosiego vuelve a instalarse entre los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Los residentes cuyas casas ocupan suelo de dominio público marítimo-terrestre recibieron la pasada semana otro mazazo después de que otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalase una orden de demolición dictada por la Demarcación de Costas en Canarias. Con ese ya son cinco los fallos que han venido a refrendar las pretensiones del Ministerio de Medio Ambiente de dejar expedita de construcciones una parte de la cala, pero lo que realmente agobia a los vecinos es que, tal como se comprometió hace ahora un mes y medio, el Gobierno central aún no haya certificado que finalmente concederá una moratoria a estas residencias antes de dejar que los tractores barran la playa.
De octubre para acá ya se han ventilado casi una decena de litigios. Los dueños de los 21 hogares que peor lo tenían presentaron sus correspondientes contenciosos administrativos ante la mano firme de Costas, y ni siquiera el compromiso alcanzado en verano o el acuerdo verbal de hace poco menos de 45 días les ha venido a tranquilizar. Por ese motivo temían que antes de que concluyese esta semana llegasen al núcleo otra batería de resoluciones judiciales contrarias a sus intereses.
Afectados y Ayuntamiento de Telde trabajan en la línea de conseguir un ‘indulto’ temporal. La propuesta del vecindario es la de retranquear la totalidad del pago unas cuantas decenas de metros tierra adentro, pero para ello necesitan tiempo. Tiempo para conseguir el suelo y tiempo para desarrollar el plan parcial que contempla la reconstrucción del total de 144 casas.
El concejal de Urbanismo, Francisco López, se vio en febrero en Madrid con el director general de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. Este le dijo que estudiaría la posibilidad de conceder esa moratoria. El problema radica en que Madrid no quería pasar de ocho años y los residentes piden 12. Entre unos y otros, la respuesta oficial hoy día no existe.
