Turcón apoya la manifestación del doce de septiembre contra la macrocarcel

TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  APOYA  LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO 12 DE SEPTIEMBRE, CONVOCADA POR EL CONSEJO ABIERTO DE VECINOS DE CASTILLO DEL ROMERAL, CONTRA LA INSTALACIÓN DE UNA MACROCÁRCEL EN GRAN CANARIA

El Colectivo Turcón quiere manifestar su apoyo al Consejo Abierto de Castillo del Romeral por la magnífica actuación llevada durante los últimos meses en el tema de la implantación de una Macrocárcel en Gran Canaria. Esta novedosa fórmula de organización ciudadana, abierta, sin portavoces fijos y con capacidades sobradamente demostradas de organización y movilización, merece todo nuestro respeto y apoyo, por cuanto son un ejemplo vivo de civismo e implicación ciudadana en los aspectos que nos atañen a todos/as y preocupan a la sociedad en general.

Desde el inicio de este proceso han sido capaces de informarse y organizar mesas de debate abiertas y plurales para tratar los temas que más les preocupaban en esta zona del Sureste de Gran Canaria. Entre estos asuntos están el Vertedero y la gestión de residuos, la implantación del Gas Natural, la Central Térmica del Barranco de Tirajana o el caso que nos ocupa ahora de la Macrocárcel. Lejos de tratarse de ciudadanos insolidarios y malinformados como se les ha tildado, se trata de ciudadanos y ciudadanas ejemplares que han sabido organizarse y luchar por lo que creen justo. Ojalá sea estudiada y tomada como referencia su forma de actuar por el bien de los movimientos sociales en Canarias.

La implicación de Turcón en el tema de la Macrocárcel arranca desde hace más de 10 años, en 1997, cuando se comenzó a plantear la construcción, en Gran Canaria, de un nuevo centro penitenciario siguiendo el modelo prototipo propuesto por el Plan de Amortización y creación de Centros Penitenciarios (PACCP) de 1991.

Hay que explicar que este Plan se basaba en el déficit de plazas carcelarias y en la “escasa rentabilidad de los centros existentes” debido a que se consideraban “excesivas” las plazas de funcionarios para la atención de los internos. Con centros mayores y con modernos sistemas de vigilancia y control, las necesidades de personal se reducirían notablemente. Otro de los objetivos claramente expuestos en el plan era el de “amortizar establecimientos que poseen un elevado valor patrimonial al estar ubicados en cascos urbanos”. Con la adecuada recalificación del suelo, posterior desaparición de los centros y nueva urbanización con otros usos, se esperaba obtener unos importantes ingresos.

Surgió así el concepto de las Macrocárceles, con el objetivo de cerrar los establecimientos carcelarios existentes y, a la vez, aumentar el número de plazas y reducir el ratio de funcionarios por recluso. Las Macrocárceles, como la que se pretende construir en Castillo del Romeral, se presentan como “pequeñas ciudades autosuficientes” de más de 30 hectáreas con 1.008 celdas que pueden albergar más de 3.000 personas.

Los proyectos se plantean especialmente exhaustivos en todo lo relacionado con la seguridad, por lo que no es de extrañar que se consideren “prisiones de alta seguridad”.  Gran parte de la inversión va dedicada a construir grandes muros, alambradas, torres de vigilancia, etcétera, reduciéndose considerablemente el gasto en funcionarios y personal laboral. Es decir, ya no importa la reeducación y reinserción social del preso, supuesta finalidad última de la cárcel. La consecuencia lógica de todo esto a nadie se le escapa: la cárcel, la única fórmula que la sociedad oferta como respuesta al delito, no resocializa, no reeduca, sino todo lo contrario. Y, por ello, no tiene sentido perpetuar y seguir fomentando un modelo fracasado, una institución que, lejos de eliminar lo que hace es crear mayor inseguridad.

En octubre de 1998 se publica el informe La cárcel: descripción de una realidad, elaborado por Julián Ríos y Pedro José Cabrera. Este informe fue realizado a partir de un cuestionario a unos 2000 presos. En él se constata la realidad del fracaso de las macrocárceles. He aquí un extracto del mismo (incluido en una publicación de Cáritas Diocesana): Las actuaciones del pasado más reciente que se ha traducido en la construcción de las llamadas macrocárceles no han hecho sino incrementar los obstáculos para la reinserción de las personas presas, tanto por su configuración arquitectónica como por su ubicación (en medio de auténticos páramos de complicada comunicación para familiares y defensores), así como por los mecanismos de control y seguridad que incorporan. Todo ello las convierte en mecanismos necesariamente violentos, tendentes a incrementar el grado de aislamiento y separación de la sociedad, y esto por varios motivos:

·         En primer lugar, se trata de un espacio absolutamente cerrado y controlado, en el que sobreviven hacinadas, sin apenas actividades que realizar, centenares de personas, generándose un elevado índice de conflictividad personal y social

·         En segundo lugar, el nivel de conflictividad genera inexcusablemente violencia en una doble dirección: por un lado, entre los mismos presos y, por otro, entre los presos y los funcionarios, que forzosamente ven su relación marcada por la desconfianza y el recelo, cuando no por el desprecio mutuo. Con toda seguridad, el personal de tratamiento es insuficiente y está sobresaturado

·         En tercer lugar, esta conflictividad en la relación preso/institución genera una espiral de violencia institucional en contra del preso, que le conduce a regímenes de vida que objetivamente le destruyen física y mentalmente

·         En cuarto lugar, la violencia ambiental genera, a su vez, una conformación determinada de la percepción que el funcionario tiene del preso y viceversa. Los medios de control empleados con sistemática y rutinaria naturalidad, hacen que unos se conviertan en dominadores y otros en dominados, que unos repriman y sean por ello los represores, y otros los reprimidos. Este esquema dualizante va a llevar a determinados funcionarios, con una idea predeterminada, absolutamente deshumanizada, de la persona presa, a desarrollar actos de violencia arbitraria y a cometer importantes abusos de poder.

Es por ello que este colectivo, más allá de los impactos ambientales se ha manifestado recurrentemente en contra de las Macrocárceles. En este tiempo este Colectivo ha presentado múltiples escritos y alegaciones, ha mantenido reuniones y contactos con asociaciones en pro de de los derechos humanos, movimientos vecinales, funcionarios de prisiones y estamentos políticos, ha organizado jornadas de debate sobre las Macrocárceles, ha impartido numerosas charlas sobre este tema y ha organizado numerosas rutas a los lugares elegidos en otra época, como el Campo de Volcanes de Rosiana, para dar a conocer el impacto ambiental de esta infraestructura.

En Gran Canaria, en un primer momento, el debate no se centró para nada en una toma de conciencia de la situación de los presos y de puesta en crisis del modelo penitenciario. Los primeros argumentos en contra, tanto de vecinos como de ayuntamientos, se basaban en el rechazo a la población reclusa. La reacción política era buscar un emplazamiento alejado de poblaciones. Así, la macrocárcel termina siendo propuesta en el Campo de los Volcanes de Rosiana, espacio hoy propuesto para engrosar la Red de Espacios Naturales de Canarias, de gran valor natural, paisajístico y etnográfico.

A partir de entonces interviene de forma decidida el movimiento ecologista, que hasta ese momento se había mantenido como observador del problema. Se comienza a interactuar con otros sectores sociales, juveniles y vecinales y se empieza a crear un discurso nuevo que pone en tela de juicio el modelo penitenciario a aplicar en Canarias. Todo ello sin perder de vista la precaria situación de las cárceles existentes.

El proceso de lucha y de sensibilización, a través de plataformas ciudadanas, ha sido importante y se ha sucedido en varias fases y con múltiples herramientas: rutas didácticas, asambleas informativas, jornadas temáticas, edición de folletos, publicaciones y artículos de opinión, etc., y estableciendo contacto tanto con funcionarios de prisiones, vecinos, asociaciones en defensa de los derechos humanos, políticos al más alto nivel, etc., hasta el punto de conseguir reorientar, en parte, el planteamiento penitenciario que había para Canarias. Se consiguió, por un lado, que no afectara a espacios naturales ni rurales, y por otro lado, se consiguió que se llegaran a hacer planteamientos conjuntos entre los propios funcionarios de prisiones y las plataformas ciudadanas. Finalmente el resultado fue la elaboración de una tabla de reivindicaciones que se plantearon a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de la siguiente manera:

·         Adecuar el modelo penitenciario y la dimensión de los futuros centros a la realidad territorial, teniendo en cuenta la singularidad canaria y el “hecho” insular. Definir dicho modelo junto con el Gobierno de Canarias, agentes sociales y vecinales.

·         Construcción de varios Centros de Régimen Abierto ubicados en las ciudades.

·         Creación de Centros de Inserción Social y Reeducación con tutela judicial para el tratamiento de drogodependientes con problemas penales.

·         Planes de prevención y dotación, tanto presupuestaria como de personal, para su puesta en práctica.

·         Puesta en práctica de medidas sustitutivas de la prisión, como por ejemplo: el trabajo comunitario.

·         Estudiar las transferencias de las competencias en materia penitenciaria en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Ante el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias en Canarias que estuvo en información pública hace casi dos años, Turcón solicitó al Ministerio del Interior un cambio de modelo. En las alegaciones efectuadas solicitamos la reconsideración de la implantación en Canarias de un Centro Penitenciario Tipo I (Macrocárcel), por la realidad de la limitación de espacios físicos en un territorio de gran fragilidad, así como de los escasos resultados que ese tipo de Centros había venido obteniendo de cara a la reinserción de los reclusos, conforme viene proclamado en el artº 25.2 de la Constitución española.

Por desgracia, se ha continuado con la misma idea de construir un centro tipo Macrocárcel, dejando de lado otras infraestructuras aprobadas en Plan como eran las siguientes:

·         Centro de Inserción Social en Jinámar (Gran Canaria).

·         Centro de Inserción Social en Santa Cruz de Tenerife.

·         Centro de Inserción Social en Fuerteventura.

·         Centro de Inserción Social en Lanzarote.

·         Unidad de Madres en Jinámar (Gran Canaria).

·         Unidad de Madres en Santa Cruz de Tenerife.

Creemos que existen otras alternativas a la Macrocárcel que no se están explorando y que centrando el debate sólo en la ubicación de la infraestructura y no en un modelo adaptado a la insularidad y tipología de los reclusos canarios, no se ha hecho más que empantanar el problema y obviar reiteradamente y retrasar los posibles paliativos necesarios para posibilitar la reinserción y el regreso de muchos reclusos canarios a las islas. Es por ello que apoyamos al Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral y exigimos a nuestros políticos que comiencen a aplicar las medidas correctoras necesarias y desechen, de una vez por todas, el modelo de las Macrocárceles en Canarias.