El colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha presentado, de nuevo, alegaciones a la solicitud de ENEL para declarar de utilidad pública y social una instalación fotovoltaica que le daría derechos expropiatorios sobre una superficie equivalente a 12 campos de futbol en suelo agrícola de la zona de Jeréz en Telde.
A su vez, denuncia públicamente la grave dejación de funciones de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que en el marco del proyecto “Planta Fotovoltaica Aguadulce”, promovido por la multinacional Enel Green Power España, ha eludido su deber de defender el interés público, el territorio y los derechos de la ciudadanía canaria.
Durante la tramitación de este proyecto, la Dirección General de Energía no ha valorado en conjunto las alegaciones ciudadanas y de los colectivos ecologistas, limitándose a trasladarlas directamente al promotor para que sea éste quien responda de manera individualizada a cada una.
Con esta actuación, el Gobierno abandona su papel de garante del territorio y expone a los colectivos sociales y a los particulares a la presión de una multinacional eléctrica, permitiendo que el poder económico y la narrativa corporativa se impongan sobre la voz ciudadana.
“La Administración se ha convertido en mera tramitadora de los intereses empresariales de ENEL, renunciando a su deber de proteger el suelo agrario, el paisaje y la soberanía alimentaria de Canarias”,declara Turcón – Ecologistas en Acción.
Un ataque al suelo agrario y a la planificación territorial
El proyecto, que ocupa más de 11 hectáreas en la zona de Jeréz (Telde), se asienta sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAG-1), una categoría reservada para preservar a largo plazo los suelos de alto valor agrícola y ambiental.
La transformación de estos suelos supone una pérdida irreversible de su vocación agrícola, expulsa a sus legítimos propietarios, impide otros usos como el pastoreo, abre la puerta a más proyectos industriales en suelo protegido, además de los que ya están instalados en la zona, y contradice los objetivos de la planificación territorial y del propio PTECAN (Plan de Transición Energética de Canarias) que indica que existes suficientes espacios urbanizados en Canarias para cubrir, con creces, la demanda energética.
Una transición energética justa, no a costa del territorio
Turcón recuerda que la transición energética no puede convertirse en un nuevo modelo de expolio del suelo rural, repitiendo los errores del desarrollismo turístico e inmobiliario.
El colectivo no se opone a las energías renovables, sino a su implantación desordenada y socialmente injusta, que convierte espacios agrarios en parques industriales en beneficio de grandes corporaciones.
“Canarias necesita energía limpia, pero también necesita proteger su tierra, su agua y su paisaje. Las renovables deben instalarse sobre superficies ya transformadas, no sobre los pocos suelos agrícolas o potencialmente agrícolas que nos quedan” señalan desde Turcón.
Alternativas que propone Turcón – Ecologistas en Acción
El colectivo plantea una transición energética distribuida, democrática y respetuosa con el territorio, basada en:
- Aprovechamiento de cubiertas de viviendas, centros públicos, naves industriales, aparcamientos y superficies comerciales.
- Instalaciones en suelos ya artificializados o degradados, no en suelo rústico protegido.
- Promoción del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales, con participación ciudadana y beneficios directos para la población.
- Planificación energética insular vinculante, que priorice la soberanía energética y alimentaria, evitando impactos acumulativos sobre el territorio.
Rechazo al proyecto de ENEL
Turcón – Ecologistas en Acción rechaza de forma rotunda la planta fotovoltaica Aguadulce por su impacto territorial, ambiental y social, y exige al Gobierno de Canarias que:
- Deniegue la autorización administrativa y ambiental del proyecto.
- Someta este y otros proyectos similares a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria.
- Reoriente la política energética insular hacia modelos descentralizados y socialmente justos.
Los ecologistas reafirman su compromiso con una transición energética al servicio de las personas y del territorio, y no de las grandes corporaciones.
La protección del suelo agrario, del paisaje y de la biodiversidad es inseparable del derecho a un futuro sostenible para Canarias.
