El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de Canarias participar en la definición y evaluación ambiental del Plan de Transición Energética de Canarias 2030
La Junta Directiva de Turcón Informa
El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha solicitado a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que se nos considere parte interesada y/o afectada en el proceso definición y de evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (PTCan 2030), así como ante cualquier otro procedimiento que se genere respecto a esta iniciativa.
El Colectivo ha querido recordar al Gobierno de Canarias que ya en 2020, a instancias de la propia Directora General de Energía, la Sra. Dña. Rosa Ana Melián Domínguez, participó en los grupos de discusión que se crearon para la elaboración del PTCan, presentando incluso un documento concepto respondiendo a una serie de cuestiones planteadas.
Audio comunicado de la nota de prensa. Pulsa sobre el mismo para escuchar.
En ese documento ya se alertaba de que “en una transición energética en el modelo energético de Canarias, no es suficiente con dar mayor protagonismo a las energías renovables y la diversificación energética, sino que también es necesario gestionar la demanda, marcándose objetivos claros de reducción de la demanda de energía eléctrica y del transporte privado”.
También se llamaba la atención sobre la circunstancia de que “En el caso de la energía solar fotovoltaica, existe sobrada superficie urbanizada en Canarias con cubiertas que puede albergar este tipo de energía, sin tener que ocupar ni un solo metro cuadrado de suelo rústico”.
Precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo con multitud de macro instalaciones solares fotovoltaicas solares ocupando suelo rústico, agrícola o potencialmente agrícola, o en proceso de naturalización.
Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MW pico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.
Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros como Ecoener, Naturgy, con CaixaBank como principal accionista, y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energía renovable en Canarias. Todo ello con concesiones a 20 o 30 años, para beneficio de sus consejos de administración y accionistas y en detrimento del desarrollo económico de Canarias y de una transición energética justa, como preconiza la Unión Europea.
Igualmente está ocurriendo con la energía eólica con situaciones endemoniadas como que la totalidad de la potencia eólica de la Isla de La Gomera haya sido acaparada por Ecoener, con sede social en A Coruña, y sin prácticamente participación pública o social de la Isla.
En Canarias se está permitiendo que se privatice el viento y el sol en manos de estos conglomerados financieros y sus beneficios económicos asociados, mientras la sociedad local y el sector público tienen que asumir los impactos sobre el territorio y el coste de la oportunidad perdida.
Como indicábamos en nuestro documento concepto de 2020:
“Se trata de proyectos prácticamente sin riesgo y de rápida amortización. Nos podemos encontrar en el futuro con un archipiélago en ruinas con los servicios públicos en proceso de desmantelamiento mientras entidades privadas (eléctricas, constructoras, grupos de inversión) capitalizan los beneficios que genera el viento y el sol con concesiones de muchos años. No pedimos que se prohíba a las empresas privadas entrar en el negocio eólico o solar, pero sí afirmamos que las reglas de juego están mal de partida para promover la participación pública y que los beneficios económicos de la energía eólica deberían repercutir directamente en la sociedad.”
Es aquí donde mantenemos lo injusto del modelo de transición que se está imponiendo.
“Se debe recuperar como público el sector energético y establecer una política pública de EERR, ahorro y eficiencia energética, y búsqueda de consenso con las autoridades locales y agentes sociales a la hora de acometer las inversiones y las estrategias de planificación energética. Establecimiento de una estrategia de transición hacia modelos más sostenibles de generación y distribución de electricidad, gestión de la demanda y redes inteligentes. Se debería mantener público o rescatar el sector energético: producción, transporte y distribución, permitiendo la introducción de pequeños operadores individuales que aporten energía al sistema de forma distribuida”.
En el caso de la energía solar fotovoltaica, un modelo descentralizado, sólo sobre cubiertas edificadas y en manos de comunidades energéticas público/privadas y/o consumidores individuales permitirá minimizar el impacto ambiental, garantizar la distribución de la riqueza, así como mejorar la regulación de sistema eléctrico insular al posibilitar asociar medidas de gestión de la demanda a cada punto de generación o posibilitar pequeños sistemas de acumulación de energía descentralizados y asociados a servicios energéticos específicos.
Igualmente la energía eólica asociada a demandas específicas apoya un sistema eléctrico más estable y sin necesidad de macro proyectos de bombeos reversibles como el caso de Chira-Soria que no es más que la consecuencia de un modelo diseñado para estos grupos de inversión que están acaparando el potencial renovable de las Islas para su beneficio particular y el deterioro ambiental y social del Archipiélago.
No se justifican esta macro inversiones financieras como estrategia de lucha contra el cambio climático cuando uno de los sumideros de carbono es precisamente el suelo naturalizado o en proceso de naturalización y qu está siendo transformado a marchas forzadas por estas macro instalaciones.
Por todo ello y mucho más queremos que se nos tenga en cuenta en los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones sobre el modelo energético canario.
Ya ha habido una resolución del Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica por la que se desiste del inicio el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (expediente 2022/23563), entendemos que se trata de un desestimiento temporal y hemos solicitado que, cuando se anuncie de nuevo el procedimiento se nos tomará en consideración.
También hemos solicitado que mientras no se finalice el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y se establezcan sus determinaciones, no se inicie ni se autorice ningún procedimiento de infraestructuras energéticas con implicaciones ambientales, que no sean las instalaciones descentralizadas sobre cubiertas de edificios en zonas urbanas o de uso industrial.
Además se ha solicitado que cuando vuelva a anunciarse la apertura del procedimiento de exposición y participación pública se propongan 90 días hábiles para el período de consulta y presentación de alegaciones y no 15 días como se intentó plantear de urgencia en el último Anuncio desistido.