COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón
Los ecologistas de Turcón han presentado recientemente alegaciones a cinco de estas macroinstalaciones en San Bartolomé de Tirajana y Telde para que no sean declaradas de utilidad pública y exoneradas de controles ambientales
El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha manifestado a la Consejería de Planificación Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria su preocupación por el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria a costa del territorio de la Isla y para beneficio exclusivo de algunos grupos de inversión especulativos que están haciendo inviable la recuperación de la soberanía alimentaria ante la desmesurada ocupación de suelo.
El Colectivo ha presentado alegaciones para que no se declaren como de utilidad pública 5 nuevas macroinstalaciones de fotovoltaica sobre suelo rústico de protección agraria.
Estas instalaciones, desvinculadas de demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria.
Simplemente, se están acaparando de forma privada derechos de producción y venta de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 o 30 años, en detrimentos de otros proyectos públicos o privados sobre cubiertas de edificios prexistentes.
El Colectivo Turcón denuncia que se está permitiendo que se transforme el suelo rústico de protección agraria en suelo para uso industrial de producción energética de forma irreversible en detrimento de la producción de alimentos y la recuperación de los suelos como captadores de carbono, pasando de suelos vivos a campos energéticos inertes y cuyo interés último es cotizar en los parquet económicos.
Turcón alerta del proceso agresivo de acaparamiento acumulativo de tierras que se está produciendo en la Isla para las macroinstalaciones fotovoltaicas poniendo en grave riesgo la capacidad insular de tender hacia la soberanía energética y alimentaria, incrementando la fragilidad insular ante crisis internacionales como la Guerra en Ucrania.
Concretamente se ha alegado para que no se declaren de utilidad pública 4 nuevas macroinstalaciones fotovoltaicas situadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la “Zona agrícola de Los Llanos de Juan Grande”. Esta zona está definida como Área Agrícola Estructurante por su alto valor agrícola productivo actual y potencial. Las nuevas macroinstalaciones propuestas pretenden ocupar 30 hectáreas más de las ya ocupadas por las instalaciones de este tipo que se han permitido por la zona. Todas estas nuevas instalaciones están promovidas por el Grupo Financiero gallego Ecoener y llevan por nombre El Moral, Arcos del Coronadero, San Bartolomé y La Florida. Se repite si ne die la falta de un planeamiento que de carta de naturaleza a criterios de conservación y protección de unos suelos necesarios en estos procesos de crisis climática y necesidad de un cambio de paradigma.
A su vez se ha solicitado que se rechace la declaración de interés público para la instalación fotovoltaica Salinetas 3, promovida por Loro Parque en Suelo Rústico de Protección Agraria Especial del municipio de Telde, con casi 3 hectáreas que se suman a las más de 5 hectáreas que ya ocupa la macroinstalación fotovoltaica de Salinetas, promovida por Naturgy, empresa mayoritariamente participada por Caixa Bank.
Como alternativa, el Colectivo Turcón hace referencia al Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN) que “lograba identificar zonas de instalación hasta alcanzarse un potencial total sobre cubierta de edificios que superaba los 11.000 MW” es decir, los propios estudios encargados por el Gobierno de Canarias demuestran que con la superficie de cubiertas estimada de edificios para la instalación de fotovoltaica en Autoconsumo es evidente que en las islas es innecesario ocupar terrenos con vocación agrícola o rústica para instalar macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo. Debemos priorizar el aprovechamiento de la trama urbana, convirtiendo edificios, cubiertas y espacios aprovechables en la captación energética y potenciales consumidores de la misma, liberando suelo y tierra de las ataduras e hipotecas de su ocupación.
Entre los impactos de estas macroinstalaciones sobre suelo rústico de protección agrícola se destaca, como se ha comentado, la destrucción de la capacidad agrológica del suelo y la pérdida de su capacidad para fijar carbono de la atmósfera, una necesidad urgente e imperiosa. Por otro lado, también hay que tomar en consideración que se ocupan y se vallan los espacios más llanos de la Isla, apelmazándose con maquinaria pesada y ocupándose con estructuras metálicas que impiden el libre transitar de personas y animales, afectando especialmente a los vecinos circundantes, a las actividades ganaderas como el pastoreo y a la avifauna esteparia y de costa.
Otro grave impacto que no se suele destacar es que este tipo de infraestructuras necesitan líneas específicas de evacuación de energía eléctrica que deben ser conectadas a varios kilómetros de distancia de la instalación, imponiendo otro canon más de degradación, destrucción y barrera visual en el territorio. A la vez, la producción de energía de este tipo de instalaciones no está vinculada a ningún tipo de demanda eléctrica gestionable, desligada de cualquier consumo, lo que está promoviendo que se creen demandas de energía eléctrica artificiosas y engañosas como el bombeo de Soria para permitir que puedan vender energía sin limitaciones. En cambio, los usuarios de energía eléctrica que sí pueden gestionar su demanda y no necesitan infraestructuras añadidas de alta tensión, sí tiene dificultades para poder conectar sus instalaciones en la red de baja tensión, un castigo por su temeridad y situarse al margen del imperante sistema monopolista.