El 90 por ciento de las explotaciones de la Isla son irregulares, según la federación insular ganadera
LA PROVINCIA-DLP
JUANJO JIMÉNEZ
La mayoría ya estaban antes, en el campo. Poco a poco, la línea de adosados se iba acercando y sus primeros resi
dentes saludaban al pastor como una nota más del acogedor paisaje de naturaleza buscado por aquellos que querían vivir lejos de la ciudad.
Con la calor llegaron las moscas. Unos días más tarde lo hacía el olor. Ahora el bucólico pastor se denomina granjero, estorba y, además, ha sido denunciado por toda la nueva comunidad de vecinos que se ha ido configurando a su alrededor. Ya nadie le saluda.
Ésta es, en pocas líneas, la historia de las granjas isleñas en los últimos 20 años, explotaciones que de repente se han visto abducidas por el cemento y acorraladas por el Seprona, por Medio Ambiente y por las policías locales de los 21 municipios de la Isla, localidades que a día de hoy son las que tienen las competencias para regular la actividad. Unos lugares permiten granjas a un kilómetro de las viviendas, como en Santa Lucía de Tirajana, otras a unos pocos 300 metros, y algunas a 800, como en la capital o Telde. Pero, en cualquier caso, no existe una norma común que ofrezca seguridad y permita el normal desarrollo de la empresa.
José Manuel Ponce, presidente de la Federación de Ganaderos de Gran Canaria, Fedegran, asegura que por este motivo el 90 por ciento de las granjas isleñas no tienen licencia de apertura y explica que hasta hace una década «si pedías una en los ayuntamientos simplemente se reían porque, por extraño que parezca, las granjas no estaban recogidas en los planes municipales. Sólo en los últimos cinco años se establece que la explotación ganadera es una actividad clasificada, que requiere de un proyecto de impacto ambiental».
En esta situación «estamos cometiendo el delito de trabajar hasta 16 horas por jornada los siete días de la semana, porque el ganado no entiende de fiestas, y sin la posibilidad de mejorar las instalaciones ni de realizar inversiones. De hecho, una empresa que tenía la intención de invertir en una granja de un millón de pollos se ha encontrado sin suelo donde colocarla», continúa Ponce, quien cree que se ha primado «la inversión especulativa del ladrillo, que no genera renta real, frente a la que sí crea riqueza en una región que sólo consume el 15 por ciento de lo que produce mientras el resto se prefiere traer de 2.000 kilómetros de distancia».
En estos momentos en Gran Canaria existen unas 3.000 explotaciones, de las cuales 1.500 son de caprino, 714 de vacuno, y las demás de cochino y oveja.
Según el presidente de la federación y a la vista de las protestas, «las instalaciones avícolas y de porcino son las que más rechazo producen», una circunstancia que también tiene que ver con el volumen necesario de ejemplares para que una granja sea rentable. Así, se necesitan de 10.000 a 12.000 gallinas; 100 madres en porcino; 80 vacas; ó 200 cabras por unidad de explotación para poder vivir de ellas.
